La jueza Daniella Camacho rechazó los pedidos para sustituir la prisión preventiva al considerar que no se presentaron hechos o evidencias nuevas que justificaran modificar la medida cautelar.
El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, continuará en prisión preventiva dentro del denominado caso Blindado, luego de que la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, rechazara este jueves 24 de septiembre su solicitud para modificar la medida cautelar.
La decisión también alcanza a otros seis procesados que buscaban enfrentar en libertad la investigación por presunto lavado de activos: Jorge Pinos, Luis Reina, Karol Lemos, Jonathan Monte, Juan Alberto Lastre y Diego Montaño.
La resolución fue anunciada durante la reinstalación de la audiencia de revisión de medidas cautelares, iniciada un día antes en la Corte Nacional. Camacho concluyó que los argumentos presentados no cumplían con los presupuestos establecidos en el artículo 521 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para modificar las medidas vigentes.
Villacís pidió medidas alternativas
Durante la audiencia del miércoles 23 de septiembre, Villacís participó presencialmente y ejerció su propia defensa. Solicitó sustituir la prisión preventiva —que cumple desde junio— por presentación diaria ante una autoridad en Esmeraldas, uso de dispositivo de vigilancia electrónica y prohibición de salida del país.
El alcalde presentó un informe pericial con el que buscó respaldar la legalidad de movimientos económicos relacionados con sus empresas. También cuestionó aspectos de la investigación fiscal y defendió el traslado de dinero en vehículos blindados como parte de actividades que calificó como servicios de auxilio financiero.
La Fiscalía se opuso al pedido. El fiscal general encargado sostuvo durante la diligencia que los elementos aportados no constituían hechos nuevos capaces de modificar las circunstancias que motivaron la prisión preventiva.
Al emitir su resolución, Camacho determinó que varios de los argumentos planteados correspondían a aspectos que deberán discutirse en otras etapas del proceso y que los solicitantes no demostraron la existencia de nuevos hechos o evidencias suficientes para levantar la medida cautelar.
De esta manera, quedó ratificada la prisión preventiva dictada inicialmente el 4 de junio contra Villacís y los demás procesados que solicitaron su revisión. La Fiscalía había formulado cargos contra ocho personas por su presunta participación en lavado de activos, cuyos delitos precedentes investigados serían cohecho y prevaricato.
Jueza ordena detener a otro procesado
La audiencia también produjo cambios en las medidas aplicadas a otros involucrados en el caso.
A pedido de la Fiscalía, Camacho ordenó prisión preventiva contra Vinicio Aguirre, quien tenía la obligación de realizar presentaciones periódicas y habría incumplido esa disposición.
La magistrada dispuso la emisión de una boleta para su localización y detención, incluso mediante mecanismos de cooperación internacional a través de Interpol. La jueza consideró que se cumplieron los requisitos para sustituir la medida inicialmente impuesta.
En el caso del juez Agustín Jaramillo, la resolución fue diferente. Camacho autorizó que cumpla su presentación periódica dos veces por semana ante la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, en lugar de trasladarse mensualmente hasta la Corte Nacional en Quito.
¿Qué investiga el caso Blindado?
La investigación se inició en noviembre de 2025 a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Según la hipótesis de la Fiscalía, existiría una estructura organizada para obtener y aprovechar indebidamente fondos públicos mediante el presunto abuso y desnaturalización de garantías jurisdiccionales. La institución señala que el monto de presunto lavado identificado dentro de la investigación alcanzaría aproximadamente USD 7,54 millones. Estas afirmaciones corresponden a la tesis fiscal y todavía deben ser sometidas al desarrollo del proceso penal.
La causa se amplió el 1 de septiembre con la vinculación de siete personas naturales y tres compañías. Entre los nuevos procesados constan funcionarios judiciales que ejercían como jueces provinciales de Esmeraldas y un juez multicompetente de Atacames.
Con esas incorporaciones, el expediente suma 15 personas naturales y tres personas jurídicas procesadas por presunto lavado de activos.
La vinculación también extendió la instrucción fiscal por 30 días. Durante esta fase, Fiscalía y las defensas continúan incorporando elementos de cargo y de descargo antes de que el proceso avance hacia la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
Villacís permanece recluido en la cárcel de Cotopaxi, desde donde se conectó de manera telemática para escuchar la resolución que mantuvo vigente su prisión preventiva.