La investigación por la adquisición de 49 generadores eléctricos a la empresa estadounidense Progen suma 31 procesados. Fiscalía sostiene que el presunto perjuicio para el Estado superaría los USD 104 millones y solicitó además difusión roja de Interpol para cuatro de los nuevos vinculados.
Quito.— El denominado caso Apagón amplía su número de procesados. La Fiscalía General del Estado solicitó este martes 25 de agosto de 2026 prisión preventiva contra diez personas vinculadas a la investigación por presunto peculado relacionada con los contratos emergentes para generación eléctrica en Salitral y Quevedo.
El pedido fue formulado por el fiscal general del Estado subrogante, Carlos Leonardo Alarcón, ante el conjuez de la Corte Nacional de Justicia Rodrigo Sarango, durante la reinstalación de la audiencia de vinculación.
Con la incorporación de los diez nuevos procesados, la causa alcanza 31 personas investigadas por presunto peculado, mientras Fiscalía anunció que la instrucción fiscal se extenderá durante 30 días adicionales.
El eje del expediente está relacionado con la adquisición, durante 2024, de 49 generadores eléctricos a la compañía estadounidense Progen, equipos que, según la tesis fiscal, habrían resultado inservibles y ocasionado un perjuicio superior a USD 104 millones al Estado ecuatoriano.
Diez nuevos vinculados al caso Apagón
Durante la audiencia, Fiscalía individualizó los elementos de convicción que atribuye a cada uno de los nuevos procesados.
Entre los vinculados se encuentran los administradores de los contratos correspondientes a las centrales de Salitral y Quevedo: Luis Javier Ugsha, Marlon Iván Casilla, José Luis Sampietro y Marcos Alberto Guerrero.
También fueron incorporados Cristhian Andrés Dahik, exsubgerente jurídico de Termopichincha; Daniela Piedad Gordillo, subgerenta jurídica; José Xavier Aimara, director de Planificación de Proyectos; y José Manrique Suárez.
La lista se completa con dos exasesores ministeriales: José Manuel de Oliveira y Peter Christian Dreher.
De Oliveira habría tenido entre sus funciones la revisión y aprobación de contratos emergentes relacionados con el sector eléctrico. De acuerdo con la información expuesta durante la audiencia, salió de Ecuador el 10 de mayo con destino a Los Ángeles, Estados Unidos.
Dreher, por su parte, habría recibido una invitación de Karla Saud, representante de Progen en Ecuador, para viajar a Estados Unidos y conocer las instalaciones presentadas como fábrica de la compañía y los generadores que posteriormente serían adquiridos.
Según Fiscalía, Dreher salió del país hacia Panamá el 13 de enero de 2026.
Fiscalía advierte posible riesgo de fuga
Una vez presentados los elementos atribuidos a cada investigado, el fiscal Alarcón sustentó su solicitud de prisión preventiva para los diez nuevos vinculados.
Uno de los principales argumentos expuestos fue la existencia de un supuesto riesgo de fuga.
“Nos enfrentamos a personas con conocimientos y vínculos con funcionarios de instituciones públicas”, sostuvo el fiscal subrogante durante su intervención.
Alarcón argumentó que la medida cautelar sería necesaria para garantizar la comparecencia de los procesados durante las siguientes etapas de la causa y evitar posibles afectaciones a la administración de justicia.
“Permitir que continúen en libertad significaría dar paso a la impunidad, por lo que es necesaria la restricción temporal de su libertad”, manifestó.
El fiscal agregó que la prisión preventiva permitiría reducir las posibilidades de interferencia en el proceso y asegurar tanto la presencia de los procesados como el eventual cumplimiento de una pena en caso de producirse una sentencia condenatoria.
El pedido deberá ser analizado por el conjuez, quien tiene la responsabilidad de determinar la pertinencia y proporcionalidad de las medidas cautelares solicitadas.
Piden difusión roja de Interpol para cuatro vinculados
Fiscalía también solicitó que se dispongan acciones internacionales para localizar a varios de los procesados.
Alarcón pidió al conjuez la emisión de difusión roja de Interpol para José Xavier Aimara, José Manrique Suárez, Peter Christian Dreher y José Manuel de Oliveira.
El objetivo de la solicitud es facilitar su localización y eventual captura mediante los mecanismos internacionales de cooperación policial.
Luego de escuchar la exposición del fiscal subrogante, el conjuez Rodrigo Sarango dispuso un receso antes de continuar con la diligencia.
El origen del caso: contratos de emergencia durante la crisis eléctrica
El caso Apagón gira alrededor de contrataciones efectuadas en medio de la emergencia energética que atravesó Ecuador y que derivó en prolongados periodos de racionamientos eléctricos.
Los hechos investigados se concentran en los contratos emergentes para implementar generación térmica terrestre en Salitral y Quevedo.
Según la tesis de Fiscalía, dentro de esos procedimientos se habría producido el presunto delito de peculado relacionado con la adquisición en 2024 de 49 generadores eléctricos a Progen.
Los investigadores sostienen que los equipos adquiridos habrían resultado inservibles para los objetivos establecidos y que las actuaciones de funcionarios, asesores, administradores contractuales y representantes empresariales deberán ser examinadas para establecer responsabilidades.
El supuesto perjuicio económico calculado dentro de la investigación supera los USD 104 millones, convirtiendo al expediente en uno de los procesos judiciales de mayor relevancia relacionados con las contrataciones efectuadas durante la crisis eléctrica.
Caso Apagón ya suma 31 procesados
La investigación se encuentra judicializada desde el 23 de mayo de 2026, cuando el conjuez nacional Vinicio Rodríguez aceptó parcialmente el pedido presentado por Fiscalía y ordenó prisión preventiva para 19 personas.
Entre los primeros procesados se encuentran el exministro de Energía Antonio Goncalves, el exgerente subrogante de Celec Fabián Calero y los representantes de Progen Andrew Scott Williamson y Karla Saud Calero, además de otros investigados.
Con las diez nuevas vinculaciones, la cifra se eleva ahora a 31 procesados por presunto peculado.
La incorporación de nuevos funcionarios y exasesores amplía, además, el alcance de la investigación hacia las diferentes fases que atravesaron los contratos: desde su revisión y aprobación hasta la administración y ejecución de las adquisiciones.
La instrucción fiscal se amplía 30 días
Al concluir su exposición, Carlos Leonardo Alarcón anunció que la instrucción fiscal se extenderá por 30 días adicionales, periodo durante el cual Fiscalía podrá continuar incorporando elementos relacionados con las actuaciones de los nuevos vinculados.
La ampliación permitirá profundizar el análisis de los contratos, movimientos y decisiones adoptadas durante el proceso de adquisición de los generadores, así como las responsabilidades individuales que la institución intenta establecer.
La vinculación al proceso y la solicitud de prisión preventiva no representan una declaración de culpabilidad. Los investigados mantienen su presunción de inocencia y podrán controvertir los elementos presentados por Fiscalía durante las diferentes etapas judiciales.
Mientras el conjuez analiza las medidas solicitadas, el caso Apagón entra en una nueva fase con 31 procesados y una investigación que busca determinar cómo una contratación destinada a enfrentar la emergencia eléctrica terminó, según la hipótesis fiscal, en la adquisición de 49 generadores presuntamente inservibles y un perjuicio superior a USD 104 millones para el Estado ecuatoriano.