El proyecto de ley, que será tratado en primer debate este 16 de julio, también plantea transferir a los gobiernos provinciales la administración de los aeropuertos y redefine el rol de los concejales dentro de los municipios.
La Asamblea Nacional analizará este jueves 16 de julio, durante el primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), una propuesta que introduce cambios de fondo en el funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Entre las modificaciones más relevantes destacan la eliminación del fuero de corte provincial para los concejales municipales, la supresión de su facultad para presentar proyectos de ordenanzas y la transferencia de la administración de los aeropuertos a los gobiernos provinciales.
El proyecto, que consta en el orden del día de la sesión plenaria n.º 108, contempla un total de 18 reformas al Cootad y busca redefinir competencias, fortalecer los mecanismos de fiscalización y actualizar la estructura de responsabilidades de las autoridades seccionales.
Concejales perderían el fuero de corte provincial
Uno de los cambios de mayor impacto jurídico consiste en la modificación del artículo 58 del Cootad, que actualmente reconoce a los concejales el fuero de corte provincial durante el ejercicio de sus funciones.
La propuesta elimina expresamente la disposición que establece que los ediles «gozarán de fuero de corte provincial», manteniendo únicamente el principio de responsabilidad frente a la ciudadanía y a las autoridades competentes por sus acciones u omisiones.
De aprobarse esta reforma, los concejales dejarían de contar con ese tratamiento procesal especial, equiparando su régimen de responsabilidad al de otros servidores públicos que no disponen de esta garantía.
Se elimina la facultad de presentar proyectos de ordenanzas
Otra modificación relevante afecta directamente las competencias legislativas de los concejales.
El proyecto propone derogar el literal b) del artículo 58 del Cootad, que actualmente les permite presentar proyectos de ordenanzas cantonales dentro del ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal.
La eliminación de esta atribución representa uno de los cambios más significativos del debate, pues modifica el papel tradicional que los concejales han desempeñado en la elaboración de normativa local, concentrando el proceso legislativo bajo un nuevo esquema que será objeto de discusión durante el trámite parlamentario.
Nuevas atribuciones priorizan la fiscalización y la integridad pública
Aunque desaparecen algunas facultades, el proyecto amplía el catálogo de obligaciones y responsabilidades de los concejales, pasando de cuatro a ocho atribuciones expresamente definidas.
La propuesta fortalece especialmente el rol fiscalizador de los ediles, quienes deberán ejercer control sobre la gestión del alcalde y de las entidades que integran la administración municipal, verificando el cumplimiento de la normativa vigente y el uso eficiente, transparente y legal de los recursos públicos.
Entre las nuevas responsabilidades también se incluyen:
- Ejercer las funciones de legislación y fiscalización con criterios técnicos y jurídicos.
- Participar obligatoriamente en las sesiones del concejo y de las comisiones.
- Cumplir delegaciones y presentar informes dentro de los plazos establecidos.
- Formular observaciones y dar seguimiento a las decisiones adoptadas por el concejo.
- Denunciar ante las autoridades competentes posibles irregularidades administrativas, civiles o penales conocidas durante el ejercicio de sus funciones.
- Cumplir normas relacionadas con integridad pública, transparencia, prevención de conflictos de interés y acceso a la información.
El texto busca reforzar los mecanismos de control político y la rendición de cuentas dentro de los gobiernos municipales.
Provincias asumirían la administración de los aeropuertos
Las reformas también incorporan cambios en la distribución de competencias entre los distintos niveles de gobierno.
El proyecto plantea que los gobiernos provinciales asuman la administración de los aeropuertos ubicados en sus respectivas jurisdicciones, una atribución que incluiría la posibilidad de crear o modificar tasas aeroportuarias mediante ordenanzas provinciales.
La propuesta establece que dichos cobros deberán responder al principio de contraprestación por un servicio público específico y mantener una relación directa entre el monto recaudado y el costo efectivo del servicio prestado.
Debate marcará el rumbo de la autonomía local
Las reformas al Cootad abren un nuevo debate sobre el alcance de la autonomía de los gobiernos locales, el equilibrio entre las funciones de fiscalización y legislación de los concejales, así como la reorganización de competencias entre municipios y prefecturas.
Durante el primer debate, los legisladores analizarán el contenido del informe antes de que la iniciativa continúe su trámite parlamentario con la incorporación de observaciones y eventuales modificaciones previo a un segundo y definitivo debate.
De ser aprobadas, las reformas representarían una de las actualizaciones más relevantes al régimen de organización territorial y administración local desde la entrada en vigencia del Cootad, redefiniendo tanto las responsabilidades de los concejales como la gestión de competencias estratégicas en los gobiernos autónomos descentralizados.