Un extrabajador de la Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros aseguró que funcionarios municipales debían entregar parte de sus salarios en efectivo bajo supuestas amenazas de despido. Las acusaciones apuntan a un presunto mecanismo de recaudación para actividades políticas relacionadas con la reelección del alcalde Pabel Muñoz. La Fiscalía recibió una denuncia por posibles delitos de concusión y cohecho.
Nuevos testimonios profundizan la controversia alrededor del denominado caso Vacunas, relacionado con presuntos cobros obligatorios a funcionarios del Municipio de Quito. Un exservidor de la Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros aseguró que trabajadores con cargos jerárquicos y de libre remoción eran obligados a entregar aportes económicos mensuales que, según las instrucciones que recibían, estarían destinados a financiar actividades políticas.
Las declaraciones, difundidas por el diario EL UNIVERSO, describen un supuesto sistema de recaudación mediante pagos en efectivo, cuotas variables y advertencias sobre posibles consecuencias laborales para quienes se negaran a contribuir.
El testimonio involucra al gerente general de la Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros, Xavier Vásquez Hernández, a quien el denunciante atribuye la imposición de estos aportes. También menciona al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), como presunto beneficiario político de los recursos recaudados.
Estas afirmaciones corresponden a denuncias y testimonios que deben ser investigados por las autoridades competentes. Hasta el momento, la información presentada no permite establecer responsabilidades penales ni confirmar que los recursos hayan llegado efectivamente a una campaña electoral.
Cuotas de hasta $120 y un plazo de cinco días después del pago de salarios
De acuerdo con el relato del exfuncionario, el supuesto mecanismo de recaudación comenzó con aportes mensuales de $60, que posteriormente aumentaron a $80 y, en determinadas circunstancias relacionadas con actividades políticas, alcanzaron los $100 y $120.
El extrabajador señaló que la coordinadora de despacho era quien solicitaba los pagos a funcionarios que ocupaban cargos de responsabilidad dentro de la empresa municipal.
Uno de los aspectos más relevantes de su declaración es que los desembolsos habrían estado directamente vinculados con las fechas de acreditación de los salarios.
Según explicó, una vez depositadas las remuneraciones, generalmente a partir del día 26 de cada mes, los trabajadores disponían de un plazo máximo de cinco días para entregar el dinero solicitado.
“Solo nos daban hasta cinco días después de eso para llevar dinero en efectivo”, relató el exservidor a EL UNIVERSO.
El denunciante sostuvo que los pagos no tenían carácter voluntario y que existía presión sobre los funcionarios para cumplir con las cantidades exigidas.
Una rifa obligatoria habría elevado los aportes a $480
El testimonio también expone un episodio en el que el exfuncionario aseguró haber desembolsado $480 por boletos de una rifa que, según su versión, tuvo que aceptar obligatoriamente.
El dinero habría sido solicitado como parte de una recaudación extraordinaria para cubrir necesidades relacionadas con actividades de campaña política.
El extrabajador manifestó que, en esa ocasión, realizó el pago directamente en efectivo en las oficinas de la coordinación de despacho.
Este señalamiento incorpora una nueva modalidad a las denuncias: además de las cuotas mensuales, presuntamente se habrían organizado mecanismos adicionales de recaudación que incrementaban las obligaciones económicas impuestas a determinados servidores municipales.
El ciudadano comparó estas experiencias con su trayectoria en anteriores administraciones de la capital, incluida la del exalcalde Mauricio Rodas, y afirmó que nunca antes había enfrentado exigencias económicas similares vinculadas con la permanencia en su puesto de trabajo.
Presuntas amenazas de despido y restricciones para conseguir empleo
Otro de los elementos centrales del caso son las supuestas advertencias que, según el testimonio, realizaba el gerente Xavier Vásquez durante reuniones con funcionarios de la empresa.
El exservidor aseguró que quienes expresaban inconformidad con los pagos recibían mensajes que ponían en duda su continuidad laboral.
“Si no están conformes con esto, vayan a buscar trabajo en otro lado”, habría manifestado el gerente, según la declaración difundida.
El denunciante sostuvo que el temor a perder el empleo dificultaba que los trabajadores presentaran reclamos formales.
Incluso afirmó que algunos exempleados habrían enfrentado obstáculos para incorporarse a otras dependencias del Municipio de Quito, presuntamente por gestiones realizadas desde la propia administración de la empresa.
Estas acusaciones, de comprobarse, podrían revelar no solamente un supuesto sistema de cobros indebidos, sino también posibles mecanismos de presión laboral contra servidores públicos.
El exfuncionario aseguró, además, que Vásquez mencionaba que los recursos estaban destinados a actividades políticas vinculadas con la Alcaldía y que el alcalde Pabel Muñoz tendría conocimiento de los aportes. Sin embargo, esta última afirmación constituye una versión atribuida al gerente por el testigo y no una constatación independiente sobre el conocimiento o participación del mandatario municipal.
Fiscalía recibió una denuncia por presunta concusión y cohecho
El caso adquirió relevancia judicial el 19 de octubre, cuando el activista político y exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Juan Esteban Guarderas, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
La acción plantea la posible existencia de los delitos de concusión y cohecho, relacionados con los presuntos cobros de dinero a trabajadores municipales.
La concusión se relaciona con exigencias indebidas de pagos o beneficios mediante el abuso de funciones públicas, mientras que el cohecho contempla determinadas conductas de recepción, ofrecimiento o entrega de beneficios indebidos vinculados con el ejercicio de funciones públicas.
La determinación de si los hechos denunciados encajan en estas figuras penales corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales, a partir de los elementos de convicción recabados durante la investigación.
Según el extrabajador, las exigencias económicas se habrían suspendido en junio de 2026, después de que se presentara una denuncia ante la Fiscalía.
Empresa de Pasajeros anuncia indagaciones internas
Frente a los señalamientos, la Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros informó, mediante un comunicado, que inició indagaciones internas relacionadas con denuncias contra uno de sus funcionarios.
La institución también indicó que el 27 de julio su gerente general presentó una denuncia ante la Fiscalía por el presunto delito de intimidación.
Asimismo, señaló que se encuentra atendiendo los requerimientos de las autoridades para rendir las declaraciones correspondientes.
De acuerdo con la información proporcionada, no consta un pronunciamiento específico del alcalde Pabel Muñoz o del Municipio de Quito sobre la totalidad de las acusaciones expuestas por el exservidor.
La investigación deberá esclarecer si existieron cobros obligatorios, quiénes habrían intervenido en su organización, cuál fue el destino de los recursos y si se produjeron amenazas o represalias contra los trabajadores.
Asamblea Nacional aprueba fiscalización por el caso VaQnas
La controversia también llegó al ámbito legislativo. Este martes 27 de octubre, la Asamblea Nacional aprobó con 85 votos a favor, 59 en contra y una abstención el inicio de una fiscalización sobre los presuntos cobros indebidos a funcionarios del Municipio de Quito.
La resolución fue presentada por el legislador Andrés Castillo, de Acción Democrática Nacional (ADN). Como parte del procedimiento, el Ministerio del Trabajo y la Contraloría General del Estado deberán proporcionar información, mientras que la Comisión de Transparencia tendrá a su cargo la elaboración de un informe de fiscalización.
Esta decisión amplía el alcance institucional de las denuncias, que ahora serán examinadas tanto en el ámbito legislativo como en las instancias judiciales correspondientes.
Allanamientos por presunto peculado aumentan la presión sobre la administración municipal
Paralelamente, la administración del alcalde Pabel Muñoz enfrenta cuestionamientos relacionados con procesos de contratación pública.
El pasado 21 de octubre, la Fiscalía General del Estado, con apoyo de la Policía Nacional, ejecutó allanamientos en dependencias del Municipio de Quito, instalaciones de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), un consorcio ubicado en Rumiñahui y el despacho de un abogado particular.
Las diligencias forman parte de una investigación por presunto peculado relacionada con la posible adjudicación irregular de dos contratos de obra pública durante 2024, cuyo monto conjunto supera los $4 millones.
El concejal Michael Aulestia ha formulado denuncias sobre supuestas irregularidades en procesos de contratación municipal y solicitado que se determinen las responsabilidades correspondientes.
Es importante precisar que esta investigación por contratación pública es distinta de las denuncias por supuestos cobros de dinero a funcionarios. Hasta ahora, no se ha establecido que ambas causas formen parte de una misma estructura delictiva.
Por su parte, el Municipio de Quito manifestó, frente a los allanamientos, que colaboró con las autoridades y entregó la documentación requerida. También defendió la necesidad de que las investigaciones se desarrollen con pruebas y respeto al debido proceso.
Recolección de basura, otro frente de fiscalización
A los cuestionamientos por presuntos cobros indebidos y contratación pública se suma el escrutinio sobre la gestión del servicio de recolección de basura en la capital.
Según la información proporcionada, existe una iniciativa de fiscalización legislativa relacionada con este servicio municipal, cuyo proceso de aprobación deberá determinarse formalmente.
El análisis de esta materia abriría otro espacio de revisión sobre la administración de los servicios públicos, la utilización de recursos municipales y la gestión operativa del gobierno metropolitano.
Un caso que pone bajo examen la transparencia de la gestión municipal
Las denuncias del caso Vacunas plantean interrogantes sobre la protección de los derechos laborales de los servidores públicos, la independencia de las instituciones municipales frente a las organizaciones políticas y los mecanismos de control del financiamiento electoral.
La investigación deberá establecer si los aportes descritos por los denunciantes existieron, si fueron exigidos mediante presiones laborales y si tuvieron como destino actividades de carácter político.
Asimismo, será fundamental garantizar que los funcionarios que decidan colaborar con las autoridades puedan hacerlo sin amenazas ni represalias, respetando simultáneamente el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de todas las personas señaladas.
Mientras avanzan las investigaciones de la Fiscalía y la fiscalización de la Asamblea Nacional, el caso Vacunas se convierte en un nuevo desafío institucional para la administración de Pabel Muñoz, en un escenario marcado por cuestionamientos sobre transparencia, manejo de recursos públicos y responsabilidad política.