La exfiscal general del Estado sostuvo que las investigaciones penales deben sustentarse en elementos de convicción y no en disputas políticas. Sus declaraciones se producen tras la detención de Luisa González, investigada por presunto lavado de activos relacionado con el financiamiento de la campaña presidencial de 2023.
La investigación del denominado caso Laberinto continúa generando debate en el ámbito político y judicial. La exfiscal general del Estado y actual embajadora de Ecuador en Argentina, Diana Salazar, se pronunció sobre la actuación de la Fiscalía en el proceso que involucra a la excandidata presidencial Luisa González, quien enfrenta una investigación por presunto lavado de activos.
Durante una entrevista con diario El Universo, Salazar manifestó que, desde su experiencia, los fiscales actúan cuando consideran que existen suficientes elementos de convicción para sustentar una investigación. Sin embargo, reconoció que no conoce directamente los detalles del expediente y que su información proviene de las publicaciones periodísticas.
La exfiscal insistió en que debe prevalecer la verdad procesal sobre las confrontaciones políticas y los cuestionamientos difundidos en redes sociales.
¿Qué investiga la Fiscalía en el caso Laberinto?
Según la hipótesis de la Fiscalía General del Estado, la campaña presidencial de 2023 de la Revolución Ciudadana habría recibido recursos de origen ilícito, presuntamente vinculados con operaciones irregulares de comercialización de combustibles.
La investigación examina posibles movimientos financieros relacionados con empresas del entorno del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, que habrían servido para canalizar fondos destinados a actividades electorales.
El 22 de octubre, la Fiscalía formuló cargos contra Luisa González y otras tres personas por presunto lavado de activos. Posteriormente, un juez dictó prisión preventiva contra González, Joseph Díaz y Wendy Onofre, mientras que para Estefanía Molina dispuso medidas alternativas.
La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días, período en el que deberán profundizarse las investigaciones sobre el origen y destino de los recursos.
Diana Salazar menciona antecedentes del caso Metástasis
Durante su intervención, Salazar también recordó que en el caso Metástasis surgieron indicios que, según su interpretación, apuntaban a posibles conexiones entre sectores del correísmo y estructuras del crimen organizado.
Aquella investigación examinó una presunta red de delincuencia organizada que habría favorecido judicialmente al fallecido narcotraficante Leandro Norero.
No obstante, ambos casos corresponden a investigaciones distintas. Los hallazgos de Metástasis no constituyen por sí mismos pruebas de responsabilidad penal en Laberinto.
Salazar también consideró que la legislación ecuatoriana podría requerir reformas para abordar nuevas modalidades de irregularidades en el financiamiento electoral, aunque señaló que el Código Orgánico Integral Penal contempla delitos que pueden aplicarse cuando los hechos reúnen los requisitos legales.
Defensa de González cuestiona las pruebas y la prisión preventiva
Frente a los señalamientos de la Fiscalía, la defensa de Luisa González ha rechazado que existan elementos suficientes para atribuirle participación directa en las presuntas operaciones ilícitas.
Su abogado, Diego Guarderas, cuestionó durante una entrevista con Ecuavisa la interpretación de los indicios presentados y sostuvo que la condición de candidata presidencial no implica responsabilidad automática sobre las operaciones financieras realizadas por terceros.
También consideró desproporcionada la prisión preventiva y defendió la posibilidad de que González enfrente el proceso en libertad.
Desde el punto de vista jurídico, la existencia de indicios permite desarrollar una investigación, pero no equivale a una sentencia condenatoria. Asimismo, la prisión preventiva constituye una medida cautelar y no determina culpabilidad.
La investigación deberá esclarecer las responsabilidades
El caso Laberinto plantea interrogantes sobre la transparencia del financiamiento electoral y los mecanismos de control de los recursos utilizados durante las campañas políticas.
Mientras la Fiscalía sostiene que existen elementos para investigar un presunto esquema de lavado de activos, la defensa cuestiona la vinculación individual de González con las operaciones señaladas.
Las declaraciones de Diana Salazar reflejan su confianza en los procedimientos fiscales, pero no sustituyen la valoración judicial de las pruebas.
La resolución del caso dependerá de los elementos que se incorporen legalmente al expediente y de las decisiones de las autoridades judiciales. El desafío será esclarecer el origen de los recursos investigados sin comprometer el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de las personas involucradas.