La jueza Daniella Camacho analiza los pedidos de revisión de medidas dentro de la investigación por presunto lavado de activos. Siete procesados que permanecen privados de libertad buscan reemplazar la prisión preventiva por medidas alternativas.
La situación judicial de varios procesados dentro del caso Blindado quedó nuevamente bajo análisis de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Este miércoles 23 de septiembre, la jueza Daniella Camacho instaló una audiencia para revisar las medidas cautelares vigentes dentro de la investigación por presunto lavado de activos.
Durante la diligencia, la Fiscalía solicitó prisión preventiva contra Carlos Vinicio Aguirre, luego de señalar que habría incumplido la presentación periódica ordenada previamente. El fiscal general encargado, Carlos Alarcón, pidió además que se oficie a Interpol para su localización y captura.
En paralelo, siete procesados que permanecen bajo prisión preventiva solicitaron sustituir esa medida por alternativas como la presentación periódica, prohibición de salida del país y, de ser dispuesto, vigilancia electrónica. Entre ellos consta el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, además de Jorge Pinos, Luis Reina, Karol Lemos, Jonathan Monte, Juan Alberto Lastre y Diego Montaño.
Villacís ejerció directamente su defensa
Villacís fue trasladado desde la cárcel de Cotopaxi hasta la Corte Nacional de Justicia, en Quito, para intervenir presencialmente en la audiencia. Durante su exposición entregó un informe de más de 60 páginas que contiene, según sostuvo, una pericia contable que respaldaría su posición frente a las acusaciones formuladas en su contra.
Su defensa argumentó que existen nuevos elementos dentro del expediente que justificarían revisar la prisión preventiva y aseguró que el alcalde estaría dispuesto incluso a presentarse diariamente ante las autoridades judiciales en Esmeraldas.
Los demás procesados que solicitaron la revisión también sostienen que las condiciones que motivaron originalmente su privación de libertad habrían cambiado y que podrían continuar ejerciendo su defensa bajo medidas menos restrictivas.
Por otra parte, el juez procesado Juan Agustín Jaramillo pidió modificar las condiciones de su presentación periódica, que actualmente debe cumplir dos veces por semana en Quito. Su solicitud busca que esa obligación pueda realizarse en Esmeraldas.
Una investigación por presunto lavado de activos
El caso Blindado investiga una presunta estructura que, de acuerdo con la tesis de la Fiscalía, habría utilizado garantías jurisdiccionales para obtener beneficios económicos relacionados con recursos públicos. La investigación comprende actualmente a 15 personas naturales y tres empresas.
Las primeras formulaciones de cargos se realizaron en junio de 2026. Posteriormente, la causa pasó a conocimiento de la Corte Nacional de Justicia tras la vinculación de funcionarios judiciales amparados por fuero.
Entre los vinculados constan jueces y exjueces de Esmeraldas, además de otras personas naturales y las compañías Reypezpacific S. A., Reysolutionwash S. A. y Teknhikmec S. A.
La Fiscalía sostiene que la estructura investigada habría operado mediante el supuesto abuso y desnaturalización de garantías jurisdiccionales para obtener recursos estatales. Estas afirmaciones forman parte de la tesis fiscal y deberán ser determinadas durante el proceso judicial.
Audiencia continuará esta tarde
La diligencia fue suspendida pasadas las 11:30 y la jueza Camacho dispuso su reinstalación para las 16:00 de este miércoles 23 de septiembre.
En la continuación de la audiencia está previsto que la Fiscalía y las acusaciones particulares, entre ellas el Consejo de la Judicatura y Petroecuador, respondan a los argumentos presentados por las defensas. Posteriormente corresponderá a la magistrada resolver los pedidos de revisión de las medidas cautelares.