La investigación revela diferencias entre ingresos y gastos de un jefe de la ANT, mientras el Tribunal advierte que la organización tenía capacidad para «cooptar» servidores públicos y operar una estructura paralela dentro de la institución
El caso Jaque, una de las investigaciones más importantes sobre presunta corrupción en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), continúa revelando nuevos elementos que fortalecen la tesis de la Fiscalía sobre la existencia de una organización que habría operado desde el interior de la institución para comercializar ilegalmente licencias de conducir, matrículas vehiculares y otros trámites oficiales.
Durante la audiencia de revisión de medidas cautelares para cinco nuevos vinculados al proceso, el Tribunal analizó informes financieros, pericias documentales y testimonios que, según la investigación, evidencian la existencia de una estructura con capacidad para captar funcionarios públicos y coordinar actividades ilícitas desde distintas dependencias de la ANT.
Uno de los aspectos que mayor atención generó fue un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que detectó inconsistencias entre los ingresos declarados por uno de los funcionarios procesados y los movimientos económicos registrados en el sistema financiero nacional.
Tribunal mantiene prisión para tres funcionarios
Como resultado de la audiencia, el Tribunal ratificó la prisión preventiva para tres servidores públicos vinculados al caso:
- Gonzalo Hernán F. A., técnico de Archivo.
- Diana Karina A. R., técnica de Emisión de Licencias de la agencia de Tumbaco.
- Dany Eduardo Z. R., jefe del Departamento de Atención al Usuario de la ANT en Cayambe.
En cambio, los jueces sustituyeron la medida cautelar de prisión para Erika C. S., técnica del área de Emisión de Licencias de la agencia de Quitumbe, y Segundo L. Q., empleado de una escuela de conducción, quienes deberán presentarse periódicamente ante la Fiscalía y tienen prohibición de salir del país.
Con estas nuevas vinculaciones, el proceso alcanza 16 personas procesadas, entre ellas el exdirector ejecutivo de la ANT, Pedro Abril, así como varios jefes departamentales y funcionarios de distintas agencias del país.
Informe de la UAFE detecta diferencias entre ingresos y gastos
Uno de los principales elementos expuestos durante la diligencia corresponde al informe elaborado por la UAFE sobre la situación financiera de Dany Eduardo Z. R., quien ejercía como jefe de Atención al Usuario en la ANT de Cayambe.
Según el reporte, entre 2022 y 2025 el funcionario percibió ingresos por USD 34.326 derivados de su cargo público. Sin embargo, durante el mismo período registró egresos por USD 53.684, cifra superior a los recursos oficialmente reportados.
Para el Tribunal, esta diferencia constituye un elemento relevante dentro de la investigación, ya que podría evidenciar la existencia de ingresos cuya procedencia aún debe ser esclarecida.
En su resolución, la Sala señaló que la discordancia financiera forma parte precisamente del objeto de la investigación fiscal y representa un indicio que justifica profundizar las indagaciones sobre un posible incremento patrimonial no explicado.
Contraloría también detectó incremento patrimonial del exdirector de la ANT
La investigación también alcanza al exdirector ejecutivo de la ANT, Pedro Abril, considerado uno de los principales procesados dentro del caso.
De acuerdo con información incorporada al expediente, registros de la Contraloría General del Estado reflejan que su patrimonio experimentó un crecimiento significativo durante su permanencia en la institución.
Cuando ingresó a la ANT, en 2020, como director de Estudios y Proyectos, registraba un patrimonio de USD 171.764. Para julio de 2025, esa cifra ascendía a USD 321.639, integrada por bienes inmuebles e inversiones.
Las autoridades investigan si ese incremento guarda relación con las actividades que son objeto del proceso penal.
Documentos oficiales y licencias fueron hallados en un domicilio
Durante los allanamientos ejecutados dentro del caso Jaque, la Policía Nacional intervino la vivienda de Dany Eduardo Z. R., donde encontró una importante cantidad de documentos oficiales pertenecientes a la ANT.
Entre las evidencias incautadas constan:
- 273 documentos oficiales de la ANT.
- 20 licencias originales de conducir.
- 207 certificados institucionales.
- 11 carnés de tipo de sangre.
- Sellos de escuelas de conducción.
- Sellos de departamentos psicológicos.
- Dispositivos USB y cuatro teléfonos celulares.
- Dinero en efectivo por USD 1.930.
La representante legal de la ANT recordó durante la audiencia que la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y los reglamentos internos prohíben expresamente que los servidores públicos mantengan documentos oficiales en sus domicilios, especialmente licencias de conducir.
Las pericias documentológicas practicadas por la Fiscalía concluyeron que las licencias encontradas eran documentos originales y que el contenido extraído de los dispositivos electrónicos evidenciaría la generación de turnos, gestión de trámites y conversaciones relacionadas con la entrega de dinero.
Chats y pericias refuerzan la investigación
Las investigaciones también incluyen el análisis de comunicaciones telefónicas y conversaciones obtenidas mediante pericias informáticas.
Según la Fiscalía, varios mensajes muestran que Dany Z. R. mantenía contacto directo con ciudadanos interesados en realizar trámites, actividad que no correspondía a las funciones de su cargo institucional.
Además, los investigadores sostienen que el funcionario habría tenido capacidad para habilitar turnos fuera del horario normal de atención con fines presuntamente relacionados con su comercialización.
Las pericias también concluyen que, tras ser vinculado al caso Jaque, el procesado habría modificado información y dejado de asistir a su lugar de trabajo.
Tribunal advierte sobre una estructura que «cooptaba» funcionarios
Uno de los aspectos más contundentes de la resolución judicial fue la valoración realizada por el Tribunal sobre la naturaleza de la presunta organización.
La Sala, presidida por el juez Lauro Sánchez, sostuvo que la gravedad del caso no radica únicamente en la repercusión pública de los hechos, sino en la capacidad que habría desarrollado la estructura para incorporar servidores públicos dentro de sus actividades ilícitas.
Según el pronunciamiento judicial, existen elementos que permiten presumir la existencia de una organización con facultades para «cooptar funcionarios públicos, delegar funciones y planificar actividades ilícitas con fines económicos».
La investigación sostiene que la red cobraba aproximadamente USD 250 por la emisión irregular de licencias de conducir, matrículas vehiculares, permisos de operación para cooperativas y autorizaciones para escuelas de conducción.
Testimonios describen presuntas presiones dentro de la institución
Durante la investigación también fueron incorporados testimonios de funcionarios que decidieron colaborar con la Fiscalía.
Uno de ellos relató que existía un ambiente de presión dentro de la institución y aseguró que quienes no colaboraban con determinadas actividades corrían el riesgo de perder su empleo.
Según su declaración, la prioridad era cumplir las disposiciones impartidas por los niveles superiores y habilitar los sistemas informáticos necesarios para procesar los trámites.
Estos testimonios forman parte del conjunto de elementos que la Fiscalía busca utilizar para demostrar la existencia de una estructura organizada que habría operado desde el interior de la Agencia Nacional de Tránsito.
La investigación continúa
Con 16 personas procesadas y nuevas evidencias incorporadas al expediente, el caso Jaque continúa avanzando en la etapa judicial mientras la Fiscalía profundiza las investigaciones sobre el presunto funcionamiento de una red de corrupción enquistada en la ANT.
Los informes financieros, las pericias documentales, los testimonios de funcionarios y los hallazgos realizados durante los allanamientos serán determinantes para establecer las responsabilidades penales de los involucrados en uno de los casos de presunta corrupción administrativa más relevantes que enfrenta actualmente el sistema público ecuatoriano.