La investigación, desarrollada durante más de un año por la Fiscalía, la Policía Nacional, la UAFE y organismos de inteligencia, sostiene que una presunta estructura criminal habría movilizado millones de dólares provenientes de la minería ilegal para ingresar recursos al sistema financiero y, según las autoridades, financiar actividades de la organización delictiva Los Lobos. Seis personas, entre ellas el exalcalde Elías Baldor Bermeo, enfrentan prisión preventiva mientras avanza la instrucción fiscal.
La lucha contra las economías criminales vinculadas a la minería ilegal dio un nuevo giro en Ecuador con el avance del denominado caso BB, una investigación que involucra al exalcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, Elías Baldor Bermeo Cabrera, y a otras cinco personas procesadas por el presunto delito de lavado de activos.
Tras la audiencia de formulación de cargos, un juez acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y ordenó prisión preventiva para todos los investigados, al considerar que existen elementos suficientes para iniciar la etapa de instrucción fiscal.
Como consecuencia de la resolución judicial, Bermeo fue trasladado al Centro de Privación de Libertad Santa Elena N.º 1, conocido como La Cárcel del Encuentro, donde permanecerá mientras se desarrollan las investigaciones.
Una investigación que tomó más de un año
El proceso judicial es el resultado de una investigación ejecutada durante más de doce meses por un equipo conformado por la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Centro Nacional de Inteligencia.
Las pesquisas buscaron reconstruir el recorrido de importantes movimientos económicos que, según la hipótesis fiscal, tendrían origen en actividades ilícitas relacionadas con la minería ilegal y la comercialización irregular de explosivos.
El operativo que permitió las capturas fue ejecutado de manera simultánea en las provincias de Azuay y El Oro, donde las autoridades realizaron múltiples allanamientos para recopilar evidencias y detener a los principales investigados.
El origen del caso: una alerta financiera de la UAFE
De acuerdo con la Fiscalía, la investigación se inició a partir de un informe elaborado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Ese documento identificó una serie de operaciones económicas consideradas inusuales e injustificadas, lo que motivó la apertura del proceso penal.
Posteriormente, los investigadores incorporaron información tributaria proporcionada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), registros bancarios, movimientos migratorios, aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), documentación societaria y certificaciones relacionadas con actividades mineras.
Con todos esos elementos, la Fiscalía sostiene que existían suficientes indicios para formular cargos por presunto lavado de activos.
Fiscalía investiga una estructura dedicada al lavado de dinero
Según la teoría del caso presentada por el Ministerio Público, los procesados habrían conformado una organización dedicada a introducir en el sistema financiero recursos obtenidos presuntamente mediante actividades ilícitas.
La Fiscalía sostiene que la estructura habría movilizado más de nueve millones de dólares mediante diferentes operaciones financieras que, según las investigaciones, no guardan relación con las actividades económicas oficialmente registradas por los involucrados.
De acuerdo con la acusación, parte de esos recursos provendrían de la explotación ilegal de minerales y de la distribución irregular de explosivos utilizados en zonas mineras.
Las discrepancias económicas bajo análisis
Uno de los principales elementos expuestos durante la audiencia corresponde a las diferencias detectadas entre los ingresos registrados y los declarados por el exalcalde.
Según la información presentada por la Fiscalía, Elías Baldor Bermeo registró ingresos superiores a 377.000 dólares, mientras que ante la administración tributaria únicamente habría declarado aproximadamente 19.000 dólares.
Estas diferencias constituyen uno de los principales indicios analizados por el Ministerio Público para sustentar la presunta existencia de operaciones económicas sin justificación.
Las investigaciones también examinan el funcionamiento de empresas vinculadas al exfuncionario, entre ellas BBC Golden S. A., que, según el Ministerio del Interior, habría tenido participación dentro de la estructura investigada.
Presuntos vínculos con minería ilegal y Los Lobos
El ministro del Interior, John Reimberg, informó que las investigaciones permitieron establecer que la organización habría movilizado más de 3,2 millones de dólares provenientes de actividades relacionadas con la minería ilegal.
Según explicó, esos recursos habrían servido para financiar operaciones de la organización criminal Los Lobos, considerada una de las estructuras delictivas más peligrosas del país.
De acuerdo con la versión oficial, el presunto mecanismo de operación consistía en ingresar a zonas de explotación minera legal, intimidar a concesionarios y apropiarse de áreas destinadas a la extracción de oro.
Posteriormente, el mineral obtenido ilegalmente habría sido mezclado con producción proveniente de concesiones autorizadas para ocultar su origen antes de ser comercializado y exportado.
Las autoridades sostienen que este procedimiento permitía dar apariencia de legalidad a la actividad minera y facilitar el ingreso de los recursos al sistema financiero.
Empresas bajo la lupa
Durante las investigaciones también surgieron indicios sobre una posible utilización de compañías relacionadas con el exalcalde para facilitar operaciones vinculadas con la comercialización de explosivos.
Según el Ministerio del Interior, algunas de estas empresas estarían relacionadas con materiales presuntamente utilizados en atentados registrados principalmente en la provincia de El Oro.
Estas líneas investigativas continúan siendo desarrolladas por la Fiscalía como parte del proceso penal.
Seis detenidos y millonarias evidencias incautadas
Como resultado de los allanamientos fueron detenidas seis personas.
Además del exalcalde, entre los procesados figuran integrantes de su entorno familiar, incluida su esposa, uno de sus hijos y el esposo de una de sus hijas, quienes son investigados por presuntos movimientos financieros asociados a la estructura.
Durante las intervenciones, las autoridades decomisaron una importante cantidad de evidencias, entre ellas:
- Más de 250.000 dólares en efectivo.
- Un lingote de oro.
- Joyas.
- Armas de fuego.
- Municiones.
- Teléfonos celulares.
- Computadoras.
- Documentación financiera.
- Placas de oro con imágenes de Pablo Escobar.
Todo este material será sometido a pericias técnicas y forma parte de los elementos incorporados al expediente judicial.
Juez dispone prisión preventiva y congelamiento de bienes
Al concluir la audiencia, el juez resolvió imponer prisión preventiva para los seis procesados.
Además, ordenó una serie de medidas cautelares patrimoniales destinadas a preservar los bienes que podrían estar relacionados con el presunto delito.
Entre ellas constan:
- Incautación de vehículos e inmuebles.
- Prohibición de vender o transferir bienes adquiridos durante el período investigado e incluso aquellos obtenidos fuera de ese lapso.
- Retención y congelamiento de cuentas bancarias.
- Incautación de activos presuntamente vinculados con la investigación.
Asimismo, el magistrado dispuso al Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) garantizar la vida, integridad física y salud de todas las personas privadas de libertad dentro de este proceso.
Fiscalía continúa la instrucción fiscal
Con la formulación de cargos comienza ahora la etapa de instrucción fiscal, durante la cual el Ministerio Público continuará recopilando pruebas documentales, periciales y testimoniales para determinar si existen elementos suficientes que permitan sustentar una eventual acusación formal.
Mientras tanto, los procesados conservan el derecho constitucional a la defensa y a la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia ejecutoriada.
El denominado caso BB se convierte en una de las investigaciones más relevantes sobre presunto lavado de activos asociado a economías criminales en Ecuador, al involucrar a un exfuncionario de elección popular y a una supuesta estructura que, según las autoridades, habría utilizado actividades vinculadas con la minería ilegal para mover millonarios recursos dentro del sistema financiero y presuntamente financiar a organizaciones delictivas de alcance nacional.