La presunta lobista de Progen deberá permanecer en España mientras la Audiencia Nacional analiza el pedido de extradición presentado por Ecuador. La procesada enfrenta cargos por presunto peculado dentro del denominado caso Apagón, relacionado con un supuesto perjuicio de casi USD 110 millones.
La situación judicial de Karla Saud Calero, considerada una de las principales investigadas en el denominado caso Apagón, dio un nuevo giro en España. La empresaria ecuatoriana, vinculada como presunta lobista de la compañía estadounidense Progen Industries, quedó imposibilitada de abandonar territorio español luego de que las autoridades judiciales de ese país le retiraran sus dos pasaportes —ecuatoriano y estadounidense— como parte de las medidas cautelares impuestas dentro del proceso de extradición solicitado por Ecuador.
La decisión desmiente la percepción generada por un video difundido recientemente por la propia investigada, en el que aseguraba mantener en su poder ambos documentos de viaje mientras anunciaba que defendería su nombre y el de su familia frente a las acusaciones que enfrenta.
Detenida en Madrid por una notificación roja de Interpol
Saud Calero fue detenida el pasado 9 de julio en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, luego de que las autoridades españolas ejecutaran una notificación roja emitida por Interpol, solicitada por Ecuador dentro de la investigación penal por presunto peculado.
Tras comparecer ante un tribunal de la Audiencia Nacional de España, la procesada recuperó su libertad provisional, aunque bajo estrictas condiciones judiciales.
Entre ellas figura la entrega obligatoria de sus dos pasaportes y la prohibición de abandonar España mientras las autoridades de ese país resuelven el proceso de extradición promovido por la justicia ecuatoriana.
Fuentes judiciales confirmaron que ambos documentos fueron entregados formalmente en sede judicial, por lo que actualmente la investigada carece de autorización para salir del territorio español.
La extradición ya fue activada por Ecuador
El proceso de extradición fue solicitado por el conjuez nacional Vinicio Rodríguez y deberá ser impulsado oficialmente por el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, conforme a los procedimientos internacionales vigentes.
Hasta que exista una resolución definitiva por parte de la justicia española, Karla Saud Calero permanecerá sometida a las medidas cautelares impuestas por la Audiencia Nacional.
El video que generó controversia
Pocos días después de recuperar su libertad provisional, Saud Calero difundió un video dirigido a varios medios de comunicación.
En la grabación aparecía frente a una mesa donde exhibía dos pasaportes y afirmaba que no permanecería en silencio frente a lo que calificó como acusaciones falsas.
Además, anunció que defendería internacionalmente su honor y el de su familia.
Sin embargo, información judicial conocida posteriormente confirma que ambos documentos fueron entregados a las autoridades españolas como requisito para mantener su libertad mientras se tramita la solicitud de extradición.
Una investigación por casi USD 110 millones
La empresaria enfrenta procesos paralelos en Estados Unidos y Ecuador, derivados de un presunto esquema de corrupción relacionado con la contratación de plantas termoeléctricas durante la crisis energética que enfrentó el país.
Según la Fiscalía ecuatoriana, un grupo de funcionarios públicos y particulares habría conformado una estructura que aprovechó la emergencia eléctrica para favorecer irregularmente a Progen Industries, empresa que recibió aproximadamente USD 110 millones por parte de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) para suministrar 49 plantas de generación térmica destinadas a los proyectos de Quevedo y Salitral.
La investigación sostiene que durante los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución se habrían omitido procedimientos previstos en la legislación ecuatoriana, permitiendo la contratación de una empresa que, según la acusación fiscal, no cumplía con las especificaciones técnicas ni con las obligaciones establecidas en los contratos.
Los procesados en el caso Apagón
La investigación penal, iniciada formalmente a finales de mayo, involucra a 21 personas, procesadas por el presunto delito de peculado.
El fiscal general encargado, Carlos Alarcón, formuló cargos contra 18 investigados en calidad de autores y tres como coautores.
Entre los principales procesados figuran:
- Antonio Goncalves, exministro de Energía.
- Fabián Calero, exgerente subrogante de Celec.
- Byron Orozco, exgerente de TermoPichincha.
- Andrew Scott Williamson, representante de Progen.
- Karla Saud Calero, señalada como representante y lobista de la empresa estadounidense.
La Fiscalía sostiene que los involucrados habrían actuado coordinadamente para favorecer a la contratista durante la ejecución de los contratos celebrados en medio de la crisis energética.
Continúa la disputa por las medidas cautelares
Mientras en España avanza el proceso de extradición de Saud Calero, en Ecuador la Corte Nacional de Justicia conoció este miércoles las apelaciones presentadas por 14 de los procesados contra la prisión preventiva dictada a finales de mayo.
Durante más de cuatro horas, las defensas expusieron los argumentos para solicitar la revocatoria de la medida cautelar.
Posteriormente correspondió a la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio del Ambiente y Celec EP, en calidad de víctimas y acusadores particulares, responder a los planteamientos formulados por los apelantes.
El tribunal deberá resolver en las próximas horas si mantiene o modifica las medidas privativas de libertad impuestas dentro del proceso.
Un caso que trasciende las fronteras
El caso Apagón se ha convertido en una de las investigaciones por presunta corrupción más relevantes de los últimos años en Ecuador, no solo por el monto económico comprometido, cercano a USD 110 millones, sino también por el componente internacional que involucra a empresas extranjeras, procesos judiciales en distintos países y mecanismos de cooperación como la notificación roja de Interpol y el procedimiento de extradición.
La situación de Karla Saud Calero permanecerá ahora en manos de la justicia española, que deberá determinar si existen los requisitos legales para autorizar su entrega a las autoridades ecuatorianas, donde enfrenta un proceso penal por presunto peculado junto a otros veinte investigados vinculados a la contratación de proyectos de generación eléctrica durante la emergencia energética nacional.