Mientras el SRI destaca un aumento del 10,2 % en las devoluciones durante el primer semestre de 2026, miles de adultos mayores aseguran que acumulan varios meses de pagos pendientes y reciben montos más bajos debido a cambios en los rubros reconocidos.
La devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para adultos mayores y personas con discapacidad vuelve a situarse en el centro del debate nacional. Aunque el Gobierno de Daniel Noboa asegura haber fortalecido este beneficio durante el primer semestre de 2026, los reclamos de jubilados y organizaciones sociales reflejan una realidad distinta, marcada por retrasos en los pagos y una reducción significativa en los montos que reciben mensualmente.
La controversia surge en momentos en que miles de ecuatorianos de la tercera edad enfrentan un incremento sostenido en el costo de vida y dependen de estos recursos para complementar sus ingresos y cubrir gastos básicos relacionados con salud, alimentación y vivienda.
El Gobierno destaca un incremento en las devoluciones
De acuerdo con cifras oficiales del Servicio de Rentas Internas (SRI), entre enero y junio de 2026 se acreditaron 184,6 millones de dólares por concepto de devolución del IVA a adultos mayores y personas con discapacidad.
La entidad señaló que esta cifra representa un crecimiento del 10,2 % respecto al mismo período de 2025, cuando los desembolsos alcanzaron los 167 millones de dólares.
Para el Ejecutivo, estos números evidencian un fortalecimiento de una política pública destinada a garantizar derechos económicos a grupos considerados de atención prioritaria.
El SRI sostiene que el proceso continúa desarrollándose bajo criterios de transparencia y control, con el objetivo de asegurar que los recursos lleguen efectivamente a quienes cumplen los requisitos establecidos por la normativa vigente.
Actualmente, el monto máximo mensual que puede recibir un adulto mayor por devolución del IVA alcanza los 144,60 dólares, mientras que en el caso de las personas con discapacidad el valor depende del porcentaje de discapacidad reconocido legalmente.
Jubilados denuncian retrasos de hasta cinco meses
Sin embargo, detrás de las cifras oficiales emerge una preocupación creciente entre los beneficiarios.
Adultos mayores de diferentes provincias del país aseguran que las devoluciones no están llegando con la regularidad esperada y que los atrasos se han convertido en una constante durante los primeros meses de este año.
Uno de los casos es el de Rosa Dueñas, de 69 años, quien afirma que el último depósito recibido correspondió a consumos realizados en diciembre de 2025, pese a que ya transcurrió buena parte del primer semestre de 2026.
Su situación no sería aislada. Diversos jubilados reportan que aún esperan la acreditación de consumos efectuados durante enero, febrero, marzo, abril y mayo, generando incertidumbre entre quienes consideran este beneficio como un apoyo fundamental para su economía familiar.
La preocupación se intensifica en un contexto donde la inflación acumulada, el incremento de ciertos servicios y el encarecimiento de productos de primera necesidad han reducido el poder adquisitivo de muchos hogares ecuatorianos.
La reducción de rubros reconocidos genera nuevas críticas
A los reclamos por los retrasos se suma otro factor que ha provocado malestar entre los beneficiarios: la disminución de los conceptos que califican para la devolución del IVA.
Desde enero de 2026 entraron en vigencia modificaciones reglamentarias que redefinieron los gastos susceptibles de ser reconocidos dentro de este beneficio tributario.
Antes de estos cambios, los adultos mayores podían solicitar la devolución del impuesto pagado en consumos relacionados con combustibles y servicios de comunicación, entre otros rubros de uso cotidiano.
Con la nueva normativa, la devolución quedó concentrada principalmente en gastos considerados esenciales para la subsistencia, como alimentación, salud, educación, vestimenta y determinados conceptos vinculados a la vivienda.
Como resultado, numerosos jubilados aseguran que, aun manteniendo niveles de consumo similares a los registrados en años anteriores, los montos que reciben actualmente son considerablemente menores.
La controversia llega a la Corte Constitucional
Las modificaciones implementadas han motivado acciones legales por parte de organizaciones que defienden los derechos de los jubilados.
El Frente Nacional por un Nuevo IESS presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, argumentando que las reformas limitarían el alcance efectivo de un beneficio que históricamente permitía recuperar una mayor cantidad de recursos.
Los representantes del sector consideran que la exclusión de gastos relacionados con combustibles y comunicaciones afecta especialmente a adultos mayores que utilizan vehículos para movilizarse por razones médicas o que dependen de servicios telefónicos para mantener contacto con familiares y centros de atención de salud.
La resolución que adopte la Corte podría convertirse en un precedente importante para definir el alcance futuro de este beneficio tributario.
La presión fiscal detrás de los cambios
Especialistas en economía señalan que la reducción de los rubros reconocidos no puede analizarse únicamente desde una perspectiva social, sino también fiscal.
El economista Andrés Romero explica que la devolución del IVA forma parte del denominado gasto tributario, es decir, recursos que el Estado deja de recaudar mediante exenciones, deducciones o devoluciones establecidas por ley.
Según sus estimaciones, este mecanismo supera actualmente los 300 millones de dólares anuales destinados a adultos mayores y personas con discapacidad.
Desde esta perspectiva, la revisión de determinados beneficios respondería a la necesidad de contener el crecimiento del gasto fiscal y fortalecer las finanzas públicas en medio de los compromisos económicos asumidos por Ecuador con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El objetivo gubernamental sería avanzar hacia una consolidación fiscal que permita reducir presiones sobre el presupuesto estatal sin eliminar completamente los programas de apoyo existentes.
Entre la sostenibilidad fiscal y la protección social
El debate sobre la devolución del IVA refleja uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente el Estado ecuatoriano: encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad de las finanzas públicas y la protección efectiva de los sectores más vulnerables de la población.
Mientras el Gobierno destaca el incremento global de los recursos desembolsados durante 2026, miles de beneficiarios aseguran que los atrasos y la reducción de los montos recibidos están afectando directamente su calidad de vida.
La discusión también pone sobre la mesa la necesidad de revisar los mecanismos administrativos de acreditación, garantizar mayor transparencia en los tiempos de pago y evaluar el impacto real que tienen las reformas tributarias sobre quienes dependen de estos recursos para enfrentar sus gastos cotidianos.
Por ahora, el incremento reportado por el SRI convive con una creciente inconformidad social que mantiene abierto el debate sobre el futuro de uno de los beneficios tributarios más importantes para los adultos mayores y las personas con discapacidad en Ecuador.