El alcalde de Guayaquil intervino durante un receso de la diligencia judicial mientras la Fiscalía exponía presuntos movimientos patrimoniales y operaciones económicas vinculadas a la investigación
El denominado caso Goleada tomó un nuevo giro judicial este miércoles 13 de mayo de 2026, luego de que la Fiscalía General del Estado reformulara cargos por el presunto delito de lavado de activos contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otros procesados dentro de la investigación relacionada con la comercialización irregular de combustibles subsidiados.
La diligencia, desarrollada de forma telemática y bajo reserva para terceros ajenos al proceso, estuvo dirigida por el juez Jairo García, mientras el fiscal Dennis Villavicencio expuso los principales elementos recopilados durante la instrucción.
En medio de la audiencia virtual se registró un momento particular durante un receso de diez minutos. Con el micrófono encendido, el alcalde Aquiles Álvarez dirigió un mensaje a sus familiares y allegados conectados a la plataforma judicial.
“Todo saldrá bien”, expresó el funcionario, agregando posteriormente una referencia religiosa: “Si Dios está con nosotros, nada podrá hacernos daño. La sangre de Cristo nos protege”. Las palabras fueron respondidas con expresiones de apoyo por parte de algunos asistentes, entre ellos su hermano Antonio Álvarez, quien respondió “amén” y luego alertó sobre los micrófonos abiertos.
Fiscalía expone presunto crecimiento patrimonial y operaciones económicas
Durante la primera fase de la audiencia, la Fiscalía sostuvo que la investigación apunta a una presunta estructura vinculada con delincuencia organizada y lavado de activos mediante la comercialización de combustibles.
Según la teoría fiscal, el mecanismo habría consistido en adquirir combustible subsidiado para posteriormente comercializarlo aprovechando diferencias de precios, generando ganancias que posteriormente habrían sido incorporadas al sistema económico formal.
El fiscal Villavicencio mencionó supuestos incrementos patrimoniales relacionados con Aquiles Álvarez, incluyendo adquisición de bienes, terrenos y participación en compañías. También se expusieron informes provenientes de entidades como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Superintendencia de Compañías y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Dentro de la exposición se hizo referencia además a depósitos registrados a nombre de Fiorella Icaza, esposa del alcalde, así como conversaciones y chats que, según Fiscalía, formarían parte de los indicios recopilados en la causa.
Respecto a Antonio Álvarez y Xavier Álvarez, la Fiscalía también mencionó presuntos incrementos de capital, compra de bienes y adquisiciones patrimoniales que, de acuerdo con la investigación, requerirían justificación financiera.
Reformulación cambia el enfoque jurídico del proceso
Uno de los aspectos más relevantes de la audiencia fue la precisión realizada por Fiscalía sobre el tipo penal investigado. Aunque inicialmente el caso fue presentado bajo la figura de presunta delincuencia organizada relacionada con lavado de activos y defraudación tributaria, durante esta diligencia se reformularon cargos específicamente por lavado de activos.
El cambio redefine la orientación jurídica de la causa y concentra la investigación en el análisis de operaciones económicas, incremento patrimonial y flujo de capitales presuntamente injustificados.
Mientras Fiscalía continuaba con su exposición, la defensa de Aquiles Álvarez reiteró que el proceso tendría motivaciones políticas y cuestionó el desarrollo de la investigación.
La audiencia también contemplaba el pedido de vinculación de nuevos procesados, entre ellos Fiorella Icaza y Gioconda Henriques, solicitud que permanecía pendiente de resolución hasta el cierre de la diligencia.
En cuanto a las medidas cautelares, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para el alcalde guayaquileño, quien actualmente permanece recluido en la cárcel de El Encuentro.
Síntesis jurídica de la reformulación de cargos
Desde el punto de vista jurídico, la reformulación de cargos constituye una facultad procesal de la Fiscalía mediante la cual puede modificar o precisar el tipo penal investigado cuando surgen nuevos elementos durante la instrucción fiscal. En este caso, la Fiscalía redefinió la acusación hacia el presunto delito de lavado de activos, dejando en segundo plano la figura inicial de delincuencia organizada.
La tesis fiscal se enfoca ahora en determinar si existieron operaciones destinadas a ocultar, transformar o legitimar recursos de aparente origen ilícito provenientes de actividades vinculadas a la comercialización irregular de combustibles subsidiados.
La reformulación implica además una variación en la estrategia procesal, ya que el delito de lavado de activos contempla investigaciones patrimoniales, financieras y societarias más profundas, así como posibles medidas cautelares de carácter real y personal. Asimismo, la Fiscalía busca incorporar nuevos vinculados al proceso con base en elementos obtenidos durante la investigación económica y financiera.