La Fiscalía sostiene que existió una presunta estructura de sobornos vinculada a la contratación de Coca Codo Sinclair; el proceso involucra a exfuncionarios, empresarios y familiares del exmandatario
El expresidente de la República, Lenín Moreno, regresó este miércoles 6 de mayo de 2026 a Ecuador, luego de permanecer durante cinco años en Paraguay, para comparecer ante la justicia dentro del denominado caso Sinohydro, uno de los procesos de presunta corrupción más amplios investigados en el país en los últimos años.
El exmandatario arribó pasadas las 14:30 al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito acompañado de su esposa, Rocío González, quien también enfrenta cargos dentro de esta causa en calidad de presunta cómplice. A su llegada fue recibido por personas cercanas a su entorno y posteriormente confirmó que retornó al país para asistir a la audiencia de juicio convocada por la Corte Nacional de Justicia.
La diligencia judicial está prevista para el lunes 11 de mayo, a las 08:30, en el edificio de la Corte Nacional, en Quito. El tribunal estará integrado por los jueces Manuel Cabrera Esquivel, Daniella Camacho Herold y Julio Inga Yanza.
La Fiscalía General del Estado investiga un presunto delito de cohecho relacionado con la adjudicación del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, obra construida por la empresa china Sinohydro durante el gobierno de Rafael Correa y considerada una de las inversiones energéticas más importantes del país.
Según la teoría fiscal, entre 2010 y 2018 habría operado una presunta red de pagos indebidos para favorecer la firma del contrato de construcción de la hidroeléctrica y garantizar el financiamiento de la obra mediante el EximBank de China.
Las investigaciones señalan que Lenín Moreno, quien en ese periodo ejercía la Vicepresidencia de la República, habría intervenido en las gestiones relacionadas con la negociación del proyecto junto a personas cercanas a su entorno político y familiar.
De acuerdo con la Fiscalía, los movimientos económicos vinculados a esta presunta estructura alcanzarían aproximadamente 76 millones de dólares, cifra que supera otros casos emblemáticos de corrupción investigados anteriormente en Ecuador.
Entre los principales involucrados aparece Conto Patiño, empresario y amigo cercano de Moreno, señalado como uno de los supuestos intermediarios entre Sinohydro y funcionarios ecuatorianos. Según el expediente fiscal, Patiño habría manejado parte de las operaciones financieras relacionadas con el caso mediante empresas nacionales y cuentas en el extranjero.
También figura Xavier Macías Carmigniani, empresario guayaquileño y yerno de Conto Patiño, quien habría participado en las negociaciones y en la movilización de recursos económicos investigados por las autoridades.
Dentro de la lista de procesados constan además varios familiares del expresidente, entre ellos su esposa Rocío González; su hija Irina Moreno González; sus hermanos Guillermo y Edwin Moreno Garcés; y otros allegados señalados por la Fiscalía por presuntamente haber recibido transferencias económicas bajo análisis judicial.
El expediente también incluye a exfuncionarios y representantes vinculados a Sinohydro, entre ellos ciudadanos chinos que participaron en la ejecución del proyecto en Ecuador. Uno de los nombres que más atención concentra es el de Cai Runguo, exembajador de China en Ecuador y posteriormente representante de la empresa Sinohydro en el país.
Asimismo, el proceso involucra a exdirectivos de Coca Sinclair EP, empresa estatal encargada del proyecto hidroeléctrico, así como abogados y operadores financieros que, según las investigaciones, habrían intervenido en el manejo de recursos y estructuras societarias relacionadas con la presunta trama.
La Fiscalía anunció que durante el juicio presentará 99 testigos y peritos, además de 176 pruebas documentales destinadas a sustentar la acusación.
Por su parte, Lenín Moreno ha rechazado reiteradamente los señalamientos y sostiene que el proceso responde a motivaciones políticas. El exmandatario asegura que no existen pruebas que demuestren la recepción de recursos ilícitos por parte suya o de su familia y ha señalado que el caso constituye una persecución impulsada por sectores políticos adversos.
El desarrollo del juicio marcará una nueva etapa dentro de este proceso judicial, que ha generado amplio interés público debido a las implicaciones políticas, económicas e institucionales relacionadas con uno de los proyectos de infraestructura más costosos ejecutados en la historia reciente del Ecuador.