Entre los nombres señalados consta la esposa del alcalde Aquiles Alvarez, mientras avanzan las diligencias judiciales por presunta delincuencia organizada y delitos económicos

La Fiscalía General del Estado solicitó este miércoles 6 de mayo la vinculación de cinco personas naturales y nueve personas jurídicas dentro del denominado caso Goleada, proceso judicial en el que se investigan presuntos delitos de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

El pedido fue realizado por el agente fiscal Dennis Villavicencio, de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, quien además requirió que se fije fecha para la audiencia de reformulación de cargos contra los actuales procesados en esta causa.

Entre las personas cuya vinculación fue solicitada consta Fiorella Icaza, esposa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, así como otros allegados al burgomaestre porteño. La Fiscalía considera necesario incorporar a nuevos involucrados para continuar con el desarrollo de las investigaciones y determinar posibles responsabilidades dentro de la estructura investigada.

De manera paralela, el Ministerio Público también pidió avanzar con la reformulación de cargos contra Aquiles Alvarez, sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez, Raúl Chávez y otras ocho personas procesadas en el expediente.

El caso Goleada se encuentra en etapa investigativa y forma parte de una serie de procesos relacionados con presuntas irregularidades económicas y financieras que actualmente son analizadas por las autoridades judiciales y organismos de control.

En días recientes, un juez dispuso el levantamiento de la medida de privación de libertad dentro de esta causa. No obstante, Aquiles Alvarez continúa detenido en la denominada Cárcel del Encuentro debido a otras dos órdenes de prisión vigentes relacionadas con el caso Triple A y por el presunto incumplimiento de la disposición de portar grillete electrónico.

Las diligencias judiciales continuarán en las próximas semanas, una vez que la autoridad competente defina la fecha para las audiencias solicitadas por la Fiscalía, en medio de un proceso que sigue generando atención dentro del ámbito político y judicial del país.