
El expresidente considera que el proceso impulsado en la Comisión de Fiscalización responde a intereses políticos, mientras las autoridades financieras profundizan las indagaciones sobre presuntos movimientos irregulares vinculados al caso
El expresidente de la República, Guillermo Lasso, confirmó que no asistirá a una eventual convocatoria de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional dentro del proceso de seguimiento al denominado caso Encuentro, investigación relacionada con una presunta red de corrupción en empresas públicas durante su administración.
En declaraciones ofrecidas este miércoles 6 de mayo a un medio nacional, el exmandatario sostuvo que el proceso legislativo responde a motivaciones políticas y aseguró que no está obligado legalmente a comparecer ante la mesa parlamentaria.
“Esto es una maniobra para distraer a la ciudadanía de los problemas reales del país”, manifestó Lasso, al cuestionar la decisión de la Comisión de Fiscalización de retomar el análisis del caso tras conocerse el proceso de extradición desde Argentina de Hernán Luque Lecaro, exfuncionario de la extinta Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).
La mesa legislativa, presidida por Ferdinan Álvarez, integrante de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), anunció que podría solicitar la comparecencia del exjefe de Estado debido a que fue quien designó a Luque Lecaro en funciones estratégicas dentro del Gobierno anterior.
Sin embargo, Lasso reiteró que no acudirá al Legislativo y defendió que este tema ya fue revisado anteriormente en instancias políticas y constitucionales.
El caso Encuentro investiga una presunta estructura de delincuencia organizada que habría operado entre 2021 y 2023 dentro de empresas públicas, especialmente en el sector eléctrico. Las investigaciones apuntan a posibles actos de corrupción relacionados con cobro de sobornos, tráfico de influencias y supuesta venta de cargos públicos.
En medio de este escenario, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) confirmó que, en coordinación con la Superintendencia de Bancos, se solicitaron reportes financieros a entidades bancarias del país sobre personas naturales vinculadas a esta investigación.

El director de la UAFE, José Julio Neira, explicó que el requerimiento busca identificar posibles esquemas financieros irregulares relacionados con los investigados y determinar el origen de ciertos movimientos económicos considerados inusuales.
Entre los nombres bajo revisión constan Hernán Luque Lecaro y Nain Massuh, cuyos movimientos financieros correspondientes al periodo entre enero de 2021 y diciembre de 2024 serán analizados dentro del proceso investigativo.
Neira precisó además que parte de la información requerida involucra operaciones registradas en el Banco Guayaquil, entidad vinculada históricamente al expresidente Lasso. No obstante, tanto la UAFE como la Superintendencia de Bancos aclararon que el pedido de información no representa una determinación de responsabilidades, sino una acción preventiva y técnica contemplada en la normativa vigente.
Las autoridades financieras señalaron que el análisis incluye productos bancarios, perfiles de riesgo, alertas transaccionales y posibles reportes de operaciones sospechosas, como parte de los mecanismos de control contra el lavado de activos y delitos financieros.
La Superintendencia de Bancos indicó que estas acciones forman parte del fortalecimiento de los sistemas de supervisión para preservar la transparencia y la confianza dentro del sistema financiero ecuatoriano.
Por otro lado, José Julio Neira confirmó que las autoridades ecuatorianas continúan coordinando acciones internacionales para concretar la llegada de Hernán Luque al país y avanzar con su comparecencia ante la Fiscalía General del Estado.
Además, reveló que durante 2025 la UAFE detectó movimientos irregulares superiores a 1.500 millones de dólares dentro del Sistema Financiero Nacional y del sector de Economía Popular y Solidaria, relacionados con posibles delitos de lavado de activos, corrupción y uso de testaferros.
Hasta el momento, dentro del caso Encuentro ya existen dos sentencias: una contra Danilo Carrera Drouet, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y otra contra Antonio Icaza, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), por su participación en esta trama investigada por las autoridades judiciales.
