La organización política cuestiona la legalidad de la resolución y acudirá a instancias nacionales e internacionales para revertir la decisión del organismo electoral.
La decisión del Consejo Nacional Electoral de cancelar la personería jurídica del movimiento Unidad Popular (UP) ha abierto un nuevo frente de tensión en el sistema político ecuatoriano. Tras la resolución adoptada el 26 de abril, la organización anunció el inicio de una estrategia legal que contempla acciones ante distintas instancias judiciales.
El director nacional del movimiento, Geovanni Atarihuana, calificó la medida como un “golpe a la democracia” y sostuvo que la actuación del organismo electoral carece de validez jurídica por haber sido emitida fuera del plazo legal establecido. La resolución también incluyó al movimiento Construye, bajo el argumento de incumplimiento de los requisitos mínimos de afiliación exigidos para mantener su registro.
Estrategia jurídica en múltiples frentes
Según lo anunciado por la dirigencia de Unidad Popular, una vez formalizada la notificación oficial, se activarán tres mecanismos de impugnación. El primero será una apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), con el objetivo de anular la resolución administrativa del CNE.
De forma paralela, el movimiento prevé presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador, argumentando una presunta vulneración de los derechos de participación política. Asimismo, no se descarta acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Debate jurídico sobre los plazos
El principal argumento de la defensa se sustenta en el Artículo 327 del Código de la Democracia, que establece que el CNE solo puede disponer la cancelación de organizaciones políticas hasta 120 días antes de la convocatoria a elecciones.
De acuerdo con Atarihuana, ese plazo habría vencido el 3 de abril, considerando el calendario electoral vigente para los comicios seccionales de noviembre. “Emitir una cancelación 23 días después de la fecha límite es violar expresamente la ley. Cualquier acto realizado fuera de ese tiempo es nulo”, afirmó el dirigente.
Además, cuestionó que la decisión responda a motivaciones políticas, señalando que existe una intención de restringir la participación electoral. “Defenderemos nuestra participación frente a un gobierno que sueña con quedarse solo en la papeleta”, expresó.
Controversia por el respaldo de afiliados
Otro punto de disputa radica en el número de adherentes. Mientras el CNE sostiene que Unidad Popular no presentó la documentación suficiente para respaldar su padrón, la organización asegura contar con una base sólida de aproximadamente 206.000 afiliados.
Según Atarihuana, certificaciones emitidas por el propio organismo electoral el 13 de abril de 2026 reflejan que apenas 1.483 personas se han desafiliado en los últimos seis años, lo que representaría cerca del 1 % de su militancia. El dirigente recordó además que el movimiento ha superado procesos de verificación de firmas en años anteriores, como en 2012, 2015 y 2020.
Posición oficial del organismo electoral
Por su parte, el Consejo Nacional Electoral defendió la legalidad del proceso mediante un comunicado emitido el mismo 26 de abril. El organismo aseguró que se garantizó el derecho a la defensa, otorgando un plazo de 10 días a las organizaciones involucradas para presentar la documentación de respaldo.
No obstante, tras el análisis técnico y jurídico, el CNE concluyó que no existen las fichas necesarias para validar el número de afiliados en sus bases institucionales. En este contexto, la entidad sostuvo que permitir la participación de organizaciones que no cumplen con los requisitos legales afectaría la transparencia del sistema electoral y podría derivar en un uso indebido de recursos públicos.