La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este 10 de abril de 2026 una nueva Ley Orgánica de Minas, normativa que marca un giro estratégico en la política económica del país al permitir la participación de empresas nacionales y extranjeras en el sector. La decisión se produce en un contexto de reconfiguración institucional y económica liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
La legislación busca dinamizar la economía venezolana mediante la atracción de inversión extranjera, en especial en un momento en que se han restablecido canales de diálogo con Estados Unidos y se exploran nuevas oportunidades en sectores estratégicos como el energético y minero.
Nuevos nombramientos consolidan estructura institucional
Durante la misma jornada, el Parlamento concretó importantes designaciones en cargos clave del Estado. El abogado Larry Daniel Devoe Márquez fue ratificado como fiscal general, tras haber asumido previamente el cargo de manera encargada luego de la renuncia de Tarek William Saab.
Asimismo, la Asamblea designó a Eglée González Lobato como nueva defensora del Pueblo, y aprobó el nombramiento de Coromoto Godoy Calderón como representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas.
Estos movimientos forman parte de una serie de decisiones impulsadas por el Ejecutivo para fortalecer la estructura institucional del país. En ese contexto, la presidenta Rodríguez expresó su respaldo a la nueva representación diplomática señalando que confía “en su experiencia y amplia trayectoria diplomática para consolidar la presencia de Venezuela en el Sistema de Naciones Unidas, defendiendo nuestros intereses y fortaleciendo las relaciones de cooperación en todos los espacios internacionales”.
Anuncios económicos y advertencias sobre inflación
En el plano económico, Rodríguez anunció que el próximo 1 de mayo se dará a conocer un ajuste salarial, aunque sin precisar montos. La mandataria subrayó que se tratará de un incremento sostenible, al afirmar: “Anuncio que el primero de mayo haremos un incremento responsable. Conforme Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial, seguiremos avanzando por ese camino”.
No obstante, la presidenta advirtió sobre los riesgos inflacionarios de aumentos sin respaldo económico, al señalar: “Más ingresos al trabajador, realizados sin respaldo, disparan la inflación y destruyen su poder de compra”.
Las declaraciones se producen en medio de una compleja realidad económica, marcada por altos niveles de inflación y un sistema previsional presionado por el desbalance entre cotizantes y pensionados.
Llamado a la diáspora y reconstrucción institucional
En su intervención, Rodríguez también hizo un llamado a los venezolanos en el exterior a regresar al país, destacando la necesidad de reconstruir el aparato estatal. En ese sentido, manifestó: “Debemos construir una nueva institucionalidad del Estado: un Estado digital, transparente, moderno, eficiente y profesional. Convoco a los jóvenes a incorporarse a este esfuerzo, e invito a los que migraron buscando mejores opciones de vida”.
La mandataria enfatizó que la recuperación de activos y recursos bloqueados será clave para impulsar la inversión productiva y mejorar las condiciones de vida. Según indicó: “La recuperación de activos y recursos bloqueados que son del pueblo de Venezuela se destinarán a rehabilitar nuestra infraestructura básica (…) e inversión productiva que garantice ingresos suficientes para mejores pensiones e ingresos de los trabajadores”.
Un país en transición
Las decisiones adoptadas este 10 de abril reflejan un momento de transición política y económica en Venezuela, tras los acontecimientos registrados a inicios de año y los cambios en la conducción del Estado.
La apertura del sector minero a la inversión extranjera, junto con la renovación de autoridades clave y los anuncios económicos, configuran una estrategia orientada a estabilizar la economía, fortalecer la institucionalidad y recuperar la confianza tanto interna como internacional.
Sin embargo, los desafíos persisten, especialmente en materia social y económica, lo que convierte a las próximas decisiones del Ejecutivo y del Legislativo en determinantes para el rumbo del país en el corto y mediano plazo.