Una operación militar ejecutada en el sector conocido como La Chanchera, en la parroquia de Puerto Bolívar de Machala, encendió las alarmas de las autoridades judiciales, sanitarias y de seguridad del país, luego de que surgieran indicios de que estructuras del crimen organizado habrían utilizado criaderos de cerdos para desaparecer restos humanos de posibles víctimas.
El hallazgo ocurrió en medio de la operación “Limpieza Total”, desplegada por las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad en una de las zonas consideradas más conflictivas de la provincia de El Oro, escenario permanente de disputas territoriales entre organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y delitos violentos.
Durante la intervención, militares encontraron armamento, municiones, explosivos y restos óseos que actualmente son sometidos a pericias forenses y pruebas de ADN para determinar si corresponden a personas reportadas como desaparecidas en Ecuador.
Entre las evidencias decomisadas constan una subametralladora artesanal, una pistola Glock calibre 380, municiones de distintos calibres, cápsulas ordinarias, mecha lenta y un taco de dinamita, elementos que refuerzan las hipótesis investigativas sobre la operación de estructuras criminales en el sector.
Sin embargo, el aspecto que más conmoción ha causado es la presunción planteada por personal militar sobre la posible utilización de animales de consumo humano para eliminar rastros de cuerpos desmembrados.
“Se presume que venían restos de cuerpos humanos a alimentar a los animales aquí, de este sector”, manifestó un uniformado durante la intervención. Posteriormente, el comandante de la Brigada de Infantería N.° 1 El Oro, Luis Pinto, aclaró que hasta el momento no existen pruebas concluyentes que confirmen esa teoría, aunque sí reconoció que existen indicios que sostienen la línea investigativa.
“No podría dar fe de eso, pero en realidad en el sector hay estos animales y se tienen indicios de que existe una gran posibilidad de que los cuerpos desmembrados fueran arrojados ahí”, expresó el oficial.
La gravedad de las sospechas no solo plantea un escenario de extrema violencia criminal, sino que además abre cuestionamientos jurídicos y sanitarios sobre los mecanismos de control en criaderos de animales destinados al consumo humano y las competencias de las entidades encargadas de la vigilancia zoosanitaria.
Dentro del marco legal ecuatoriano, la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario mantiene atribuciones específicas relacionadas con la inspección, regulación y control de establecimientos pecuarios y criaderos de animales.
La Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria establece obligaciones directas para prevenir riesgos sanitarios y proteger la salud pública. El artículo 33 dispone que toda persona natural o jurídica que conozca sobre enfermedades o situaciones que representen riesgos sanitarios debe notificar a las autoridades competentes en un plazo máximo de 48 horas, activando mecanismos oficiales de control epidemiológico.
Asimismo, el artículo 34 faculta a la autoridad respectiva, adoptar medidas provisionales de emergencia frente a amenazas zoosanitarias, incluso antes de contar con análisis definitivos, mientras que el artículo 35 ordena la implementación de sistemas nacionales de alerta temprana, como el control sobre ferias, centro de concentración y criaderos de animales.
En casos donde existan enfermedades transmisibles de animales a humanos, el artículo 36 determina que la Autoridad Nacional de Salud debe coordinar acciones junto con Agrocalidad para declarar emergencias sanitarias y ejecutar medidas inmediatas de contención.
La normativa también establece en el artículo 37 dispone que las autoridades de control deben autorizar, regular y supervisar estos espacios en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y Municipales, aplicando medidas zoosanitarias obligatorias.
Hay que tener en cuenta que entre las competencias de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario -AGROCALIDAD constan la inspección de establecimientos públicos y privados para verificar el cumplimiento de normas fito y zoosanitarias, así como el control de estándares sanitarios y de bienestar animal en toda la cadena de producción pecuaria y de comercialización.
Legalmente, de confirmarse las sospechas investigadas por las autoridades, el caso podría derivar no solo en procesos penales relacionados con desaparición forzada, homicidio y delincuencia organizada, sino también en investigaciones administrativas y sanitarias sobre posibles omisiones de control estatal en establecimientos pecuarios.
En el derecho sanitario, donde el objetivo es proteger la salud y la atención de calidad, se advierte que el eventual uso de animales destinados al consumo humano para eliminar restos biológicos humanos representaría una grave amenaza a la salud pública, debido al potencial riesgo de contaminación biológica y vulneración de protocolos sanitarios nacionales e internacionales.
Mientras avanzan las investigaciones forenses en la provincia de El Oro, las autoridades mantienen reserva sobre los resultados preliminares de ADN sobre el número exacto de restos hallados en el lugar intervenido.
El caso ha generado profunda preocupación en la ciudadanía y vuelve a evidenciar la dimensión de violencia con la que operan organizaciones criminales en determinadas zonas del país, así como la necesidad de fortalecer simultáneamente los sistemas de seguridad, control sanitario y supervisión institucional sobre actividades pecuarias y espacios de concentración animal.