Breve
La audiencia del denominado caso Goleada se extendió durante toda la jornada del miércoles 13 y concluyó en la madrugada de este jueves 14 de mayo, con un nuevo revés para la Fiscalía General del Estado. El juez Cairo García rechazó el pedido fiscal de ordenar nuevamente prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos Antonio y Javier Álvarez, procesados dentro de una investigación por presunto lavado de activos.
Desarrollo de la audiencia
Durante la diligencia, el fiscal Dennis Villavicencio reformuló los cargos inicialmente planteados en el proceso. La causa, que en un inicio se investigaba bajo la figura de delincuencia organizada, pasó a ser tramitada por el supuesto delito de lavado de activos, considerado jurídicamente menos gravoso dentro del marco penal ecuatoriano.
Pese a la modificación de la imputación, la Fiscalía solicitó nuevamente la medida de prisión preventiva para los principales procesados. La petición fue cuestionada por las defensas técnicas, que calificaron la actuación como desproporcionada y contraria a decisiones judiciales previas.
Los abogados recordaron que el pasado 2 de abril una sala especializada ya había revocado la orden de prisión preventiva y dispuesto medidas cautelares alternativas, resolución que continúa vigente. Tras escuchar los argumentos, el juez Cairo García determinó negar el requerimiento fiscal y ratificó las medidas impuestas anteriormente por el tribunal superior.
Con esta resolución, Antonio y Javier Álvarez continuarán enfrentando el proceso en libertad. En el caso de Aquiles Álvarez, aunque no se emitió una nueva orden de prisión, el alcalde permanecerá recluido en la cárcel de El Encuentro debido a otras disposiciones judiciales relacionadas con el denominado caso Triple A y un proceso por el retiro del grillete electrónico.
Intento fallido de nuevas vinculaciones
Una vez concluida esta etapa procesal, el magistrado intentó instalar la audiencia de vinculación contra la esposa y la madre del alcalde guayaquileño, además de otras tres personas y nueve compañías presuntamente relacionadas con la investigación.
Sin embargo, la diligencia no pudo desarrollarse debido a que dos de las empresas convocadas carecen actualmente de representantes legales, luego de que sus delegados renunciaran en marzo pasado. Ante esta situación, el juez resolvió suspender la instalación de la audiencia hasta que se formalice la designación de nuevos representantes legales.
Síntesis jurídica del caso Goleada
El caso Goleada es una investigación impulsada por la Fiscalía General del Estado sobre una presunta estructura financiera que habría ejecutado operaciones irregulares vinculadas al manejo y circulación de recursos económicos. Inicialmente, la causa fue abierta por el presunto delito de delincuencia organizada; no obstante, la reformulación de cargos realizada por Fiscalía reorientó el proceso hacia el supuesto lavado de activos.
Jurídicamente, el lavado de activos sanciona la conversión, ocultamiento o administración de bienes de origen presuntamente ilícito con el objetivo de aparentar legalidad. La reformulación implica un cambio en la teoría del caso presentada por Fiscalía y modifica el alcance penal de la investigación, así como las medidas cautelares solicitadas contra los procesados.
La causa continúa en etapa de instrucción fiscal mientras se definen nuevas diligencias y posibles vinculaciones dentro del proceso.