La Comisión de Fiscalización abrió una investigación de 30 días para identificar a los beneficiarios de las transferencias realizadas por la empresa Progen y verificar el sustento de los pagos relacionados con uno de los contratos más cuestionados del sector energético.
La Asamblea Nacional dio inicio a una nueva fase de control político sobre el denominado caso Progen. La Comisión de Fiscalización y Control Político empezó este jueves 2 de julio el proceso destinado a reconstruir el recorrido de los recursos que la empresa habría transferido a personas naturales y jurídicas, como parte de las acciones dispuestas por el Pleno del Legislativo para esclarecer el manejo de fondos relacionados con los contratos de generación eléctrica de emergencia.
La decisión fue adoptada durante la sesión n.º 54 de la comisión, en cumplimiento de la resolución aprobada días atrás por el Parlamento, que encargó a esta mesa legislativa examinar las operaciones financieras que han sido de conocimiento público y determinar si existieron pagos debidamente justificados o posibles irregularidades en el destino de esos recursos.
El objetivo: conocer quién recibió el dinero y bajo qué condiciones
El proceso de fiscalización se concentrará en identificar a las personas o empresas que recibieron recursos provenientes de Progen, establecer los valores transferidos, verificar el concepto de cada desembolso y revisar la documentación que respaldó dichas operaciones.
Para cumplir esa tarea, la Comisión de Fiscalización anunció que durante los próximos 30 días solicitará información a diversas instituciones del Estado y convocará a comparecer a funcionarios y otros actores relacionados con el caso, con el propósito de obtener elementos que permitan reconstruir la trazabilidad de los fondos.
Una vez concluida la etapa investigativa, los legisladores elaborarán un informe que será presentado al Pleno de la Asamblea Nacional, documento que podría servir de base para futuras decisiones políticas o para remitir información a las autoridades competentes si se identifican nuevos elementos de interés.
Un proceso que busca fortalecer la transparencia
Desde la Comisión de Fiscalización se ha señalado que la investigación pretende aportar claridad sobre el recorrido del dinero vinculado a Progen y establecer si las transferencias realizadas correspondieron a servicios efectivamente prestados o a otros conceptos que deban ser analizados dentro del marco de la fiscalización parlamentaria.
La actuación del Legislativo se desarrolla de manera paralela a las investigaciones que mantiene la Fiscalía General del Estado, institución que continúa recopilando información dentro del proceso penal abierto por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de proyectos de generación eléctrica de emergencia.
Aunque la investigación legislativa no reemplaza las competencias de los organismos de justicia, sí constituye un mecanismo de control político orientado a verificar la correcta administración de recursos relacionados con contratos financiados con fondos públicos.
Los antecedentes del caso
La apertura de esta investigación tiene como antecedente la resolución aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional el pasado 24 de junio, luego de un amplio debate en el que participaron legisladores de distintas bancadas.
En esa sesión, el Pleno dispuso que la Comisión de Fiscalización realizara un seguimiento específico a la denominada «ruta del dinero» de Progen, tras conocerse información sobre transferencias efectuadas a personas naturales y jurídicas que habrían mantenido algún tipo de relación contractual o comercial con la empresa.
Ese mismo día también se planteó la necesidad de que la Fiscalía profundizara las investigaciones e incorporara a nuevos actores que eventualmente pudieran estar vinculados con las operaciones financieras derivadas de los contratos.
Contratos bajo escrutinio
El caso Progen se originó a partir de la contratación para la instalación de infraestructura destinada a reforzar la generación eléctrica durante la crisis energética que enfrentó el país. Los convenios suscritos alcanzaron un monto aproximado de 149,1 millones de dólares.
Con el paso de los meses, la ejecución de esos proyectos comenzó a ser objeto de cuestionamientos debido a retrasos en las obras, presuntos incumplimientos contractuales y observaciones sobre la utilización de recursos públicos, circunstancias que dieron paso tanto a investigaciones penales como al actual proceso de fiscalización legislativa.
Un informe que podría marcar el rumbo del caso
El trabajo que desarrollará la Comisión de Fiscalización durante las próximas semanas será determinante para conocer si las transferencias efectuadas por Progen guardaron relación con actividades plenamente justificadas o si existen elementos que ameriten nuevas acciones de control por parte de las instituciones competentes.
Más allá de identificar a los destinatarios de los recursos, la investigación busca fortalecer la rendición de cuentas y aportar mayor transparencia sobre uno de los procesos de contratación pública que ha generado mayor atención en el ámbito político e institucional.
El informe final, previsto para finales de julio, permitirá al Pleno de la Asamblea evaluar los hallazgos de la comisión y definir las acciones que correspondan dentro de sus atribuciones constitucionales de fiscalización y control político.