La medida judicial se ejecutó en Samborondón en medio de nuevas tensiones dentro de los casos que enfrenta el alcalde de Guayaquil
Un nuevo episodio judicial sacude el panorama político ecuatoriano. La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), con apoyo de efectivos de la Policía Nacional, inició este jueves 12 de junio de 2026 el proceso de incautación de la vivienda del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ubicada en Samborondón, según denunció su equipo de defensa.
La diligencia se desarrolla en momentos en que el burgomaestre enfrenta varios frentes judiciales y apenas un día después de que una jueza negara el pedido de caución solicitado por su defensa para sustituir la medida de prisión preventiva que pesa en su contra.
Funcionarios llegaron al inmueble acompañado de la Policía
De acuerdo con la información proporcionada por los abogados del alcalde, funcionarios de Inmobiliar y miembros de la Policía Nacional acudieron al inmueble para ejecutar la orden de incautación emitida por una autoridad judicial.
La propiedad es actualmente habitada por la esposa del alcalde, Fiorella Icaza, y sus hijos, situación que ha generado preocupación dentro del círculo familiar y político cercano a Álvarez.
La intervención se produjo mientras la defensa participaba simultáneamente en una audiencia relacionada con el denominado caso Goleada, proceso en el que se recepta el testimonio anticipado de un testigo protegido dentro de una investigación por presunta delincuencia organizada.
Defensa cuestiona el procedimiento
Los abogados del alcalde sostienen que la medida se ejecutó pese a que aún se encuentra pendiente una solicitud formal presentada días atrás ante la autoridad competente.
Según la defensa, se había requerido la individualización específica de los bienes que serían objeto de incautación, petición que hasta la fecha no habría recibido respuesta oficial.
Para los representantes legales de Álvarez, la ejecución de la orden sin resolver previamente ese requerimiento genera interrogantes sobre las garantías procesales dentro de la causa.
La situación fue denunciada públicamente por el abogado Ramiro García, quien ha cuestionado de manera reiterada las actuaciones desarrolladas en los procesos judiciales que involucran al alcalde guayaquileño.
Nuevos cuestionamientos a la Fiscalía
En medio de la controversia, García también volvió a referirse al denominado caso Triple A, una de las investigaciones que involucran a Aquiles Álvarez.
El jurista sostuvo que la Fiscalía habría procesado a una empresa distinta de la que consta en parte de la documentación analizada durante la investigación, afirmación que, de confirmarse, podría convertirse en un elemento relevante dentro de la estrategia de defensa.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento público respecto a estas acusaciones.
La incautación ocurre tras el revés judicial de Álvarez
La ejecución de la medida coincide con otro golpe judicial para el alcalde de Guayaquil.
El miércoles 11 de junio, la jueza Karen Alarcón resolvió negar el pedido de caución presentado por la defensa de Álvarez, mecanismo que buscaba dejar sin efecto la prisión preventiva dictada en su contra.
La resolución generó una inmediata reacción de los abogados del funcionario, quienes sostienen que la magistrada reconoció durante la audiencia el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para conceder la caución, pero finalmente decidió rechazar la solicitud.
Tras conocerse la decisión, Ramiro García manifestó públicamente que la actuación de la jueza podría encuadrarse en la figura de prevaricato contemplada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), una afirmación que abre un nuevo frente de confrontación entre la defensa y el sistema judicial.
Un proceso que continúa escalando
La incautación de la vivienda representa uno de los actos más visibles dentro de las medidas cautelares y patrimoniales adoptadas en las investigaciones que involucran al alcalde porteño.
Mientras los procesos judiciales avanzan en distintas instancias, la defensa insiste en que existen irregularidades que deberán ser analizadas por las autoridades competentes.
Por su parte, los organismos de control y justicia continúan desarrollando diligencias en el marco de las investigaciones abiertas, en un caso que ha captado la atención nacional debido al perfil político de Aquiles Álvarez y a las implicaciones institucionales que podrían derivarse de los procesos en curso.
Con la negativa a sustituir la prisión preventiva y la ejecución de la incautación de uno de sus bienes más representativos, la situación judicial del alcalde de Guayaquil atraviesa uno de sus momentos más complejos, mientras las próximas decisiones de los jueces y organismos de control podrían marcar el rumbo definitivo de las causas que enfrenta.