El fiscal general de Florida, James Uthmeier, se negó a sumarse al acuerdo de USD 16.680 millones alcanzado por Meta con varios estados de Estados Unidos y anunció que continuará la batalla judicial por los presuntos daños ocasionados a niños y adolescentes a través de Facebook e Instagram.
ESTADOS UNIDOS.- La batalla legal sobre el impacto de las redes sociales en niños y adolescentes abre un nuevo frente en Estados Unidos. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, rechazó el acuerdo multimillonario alcanzado por Meta con varios estados y anticipó que llevará hasta los tribunales las acusaciones relacionadas con los presuntos efectos perjudiciales de Facebook e Instagram sobre los menores de edad.
La compañía tecnológica alcanzó un acuerdo valorado en USD 16.680 millones con 29 estados, entre ellos California, Colorado y Nueva Jersey, como parte de los litigios que cuestionan el diseño y funcionamiento de sus plataformas.
Florida decidió mantenerse fuera.
“Rechazamos el débil intento de pago de Meta. Meta sabe del daño que ha causado, y los haremos rendir cuentas en Florida”, escribió Uthmeier en sus redes sociales después de conocerse el acuerdo.
El fiscal republicano fue todavía más contundente al referirse al futuro de la disputa judicial: “Los veremos en la corte”.
Florida considera insuficiente el acuerdo
Para Uthmeier, la compensación alcanzada entre Meta y los otros estados no guarda proporción con la gravedad de los daños que atribuye a las plataformas digitales.
El fiscal sostiene que determinadas características incorporadas a Facebook e Instagram fueron desarrolladas para incrementar el tiempo que los usuarios permanecen conectados y, con ello, generar mayores beneficios económicos para la compañía.
“Los pagos son una miseria en comparación con los profundos daños que las funciones adictivas de Meta, diseñadas para generar ganancias, infligieron en los niños”, afirmó.
Uthmeier calificó además el acuerdo como un castigo insuficiente frente al tamaño económico de la compañía y aseguró que Florida continuará buscando responsabilidades por una vía independiente.
La decisión mantiene abierto un litigio que podría convertirse en otro importante precedente sobre los límites de responsabilidad de las grandes tecnológicas respecto al diseño de sus plataformas y la protección de los usuarios menores de edad.
Acusaciones apuntan al diseño de Facebook e Instagram
Las acciones judiciales impulsadas contra Meta sostienen que la compañía habría desarrollado características capaces de fomentar comportamientos compulsivos entre niños y adolescentes.
Las acusaciones no se limitan al posible carácter adictivo de las plataformas.
Los demandantes también han señalado que la empresa habría minimizado o engañado al público sobre determinados riesgos asociados con sus servicios, pese a conocer posibles consecuencias sobre la salud mental y física de los usuarios jóvenes.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con el tratamiento de información personal de menores.
Las demandas alegan posibles vulneraciones de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA), normativa federal estadounidense destinada a establecer garantías sobre la recopilación y utilización de información de niños en servicios digitales.
Meta niega las acusaciones
Meta ha rechazado las imputaciones y niega haber incurrido en las responsabilidades que le atribuyen las demandas.
La compañía aceptó alcanzar un acuerdo con los estados involucrados con el objetivo de evitar la prolongación de los litigios, pero mantiene su posición frente a las acusaciones.
Al mismo tiempo, la tecnológica se comprometió a implementar y reforzar mecanismos de protección destinados especialmente a adolescentes de entre 13 y 17 años, así como medidas relacionadas con menores de 13 años.
El debate trasciende, sin embargo, las herramientas específicas de seguridad.
En el centro de la controversia aparece una pregunta cada vez más relevante para gobiernos, tribunales y organismos reguladores: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de una plataforma digital cuando su modelo de diseño puede influir en el comportamiento de millones de menores?
Florida endurece su ofensiva contra las plataformas digitales
La negativa a cerrar el litigio contra Meta se produce en medio de una política cada vez más estricta de Florida respecto al acceso de menores a redes sociales y nuevas tecnologías.
En 2024, el estado aprobó una legislación destinada a prohibir que menores de 14 años mantengan cuentas en determinadas plataformas de redes sociales, además de establecer restricciones para otros usuarios adolescentes.
Las autoridades estatales han argumentado que el objetivo es reducir la exposición de niños y adolescentes a sistemas digitales que consideran potencialmente perjudiciales.
La estrategia jurídica de Florida se ha extendido además a otras compañías tecnológicas.
Uthmeier anunció en junio acciones legales contra TikTok, bajo acusaciones relacionadas con el supuesto carácter adictivo de sus contenidos para niños y adolescentes.
El fiscal también ha promovido acciones contra OpenAI, compañía desarrolladora de ChatGPT, formulando cuestionamientos sobre posibles efectos de las herramientas de inteligencia artificial en usuarios jóvenes, entre ellos riesgos relacionados con dependencia tecnológica, pensamiento crítico y exposición a contenidos potencialmente peligrosos.
Las empresas señaladas han enfrentado estos cuestionamientos en un escenario más amplio de creciente escrutinio político, social y judicial sobre la manera en que las plataformas digitales interactúan con menores de edad.
La protección de los menores entra al centro de la batalla tecnológica
El enfrentamiento entre Florida y Meta refleja una discusión que ya supera las fronteras estadounidenses.
Gobiernos de diferentes países analizan mecanismos para limitar el acceso de menores a determinadas plataformas, exigir verificaciones de edad, fortalecer controles parentales y aumentar la responsabilidad de las compañías sobre los sistemas utilizados para recomendar contenidos.
Al mismo tiempo, las empresas tecnológicas sostienen que han incorporado herramientas para proteger a adolescentes, limitar contenidos sensibles y ofrecer mayores controles a padres y representantes.
El desafío regulatorio consiste en determinar si esas medidas son suficientes frente a plataformas utilizadas diariamente por millones de niños y adolescentes.
Para Florida, la respuesta parece estar clara: un acuerdo económico no pone fin a la discusión sobre la responsabilidad de las compañías tecnológicas.
La decisión de Uthmeier de mantenerse fuera del pacto alcanzado por otros estados garantiza que la disputa contra Meta continuará en los tribunales y podría colocar nuevamente bajo escrutinio el funcionamiento interno de Facebook e Instagram.
Más allá de la cifra multimillonaria del acuerdo, el proceso plantea un debate de mayor alcance: la responsabilidad que deben asumir las gigantes tecnológicas cuando los usuarios que están detrás de una pantalla son niños.