La Fiscalía General del Estado ejecutó allanamientos en Quito dentro de una investigación por presunto cohecho que involucra a magistrados y exmagistrados de la Corte Nacional de Justicia. El caso surgió a partir del testimonio anticipado de un sentenciado en el caso Plaga, quien aseguró que se habrían gestionado pagos para influir en una sentencia de casación que ordenó una millonaria indemnización a favor de una empresa china.
La Fiscalía General del Estado abrió un nuevo frente de investigación que alcanza a la más alta esfera de la Función Judicial. Este miércoles 29 de julio, agentes fiscales y efectivos de la Policía Nacional ejecutaron una serie de allanamientos en varios inmuebles del norte de Quito como parte de una investigación previa por el presunto delito de cohecho, en la que figuran cinco jueces y exjueces de la Corte Nacional de Justicia.
Las diligencias buscan recopilar elementos de convicción relacionados con una presunta red de corrupción que, según la hipótesis del Ministerio Público, habría intervenido en la emisión de una sentencia de casación que favoreció a una empresa de origen chino con una indemnización superior a USD 59,3 millones.
Operativo se desarrolló desde la madrugada
La Fiscalía informó que los allanamientos comenzaron en las primeras horas de este miércoles y se ejecutaron de manera coordinada con la Policía Nacional.
El objetivo de las intervenciones fue obtener evidencias documentales y tecnológicas que permitan fortalecer la investigación penal en curso.
Durante los operativos, los agentes incautaron computadores, teléfonos celulares y diversa documentación, materiales que serán sometidos a pericias técnicas para determinar su eventual relación con los hechos investigados.
Cinco magistrados bajo investigación
De acuerdo con la información conocida durante la jornada, la investigación alcanza a cinco jueces y exjueces de la Corte Nacional de Justicia.
Los investigados fueron identificados como:
- Iván S.
- Milton V.
- Patricio S.
- Iván L.
- Michel H.
La Fiscalía sostiene que parte de los magistrados investigados integraron el Tribunal que conoció un recurso de casación dentro de un proceso judicial que permaneció pendiente durante varios años y cuya resolución terminó favoreciendo económicamente a una empresa china.
La investigación nació a partir del caso Plaga
El origen del proceso se encuentra en una de las investigaciones de mayor impacto desarrolladas por la Fiscalía durante los últimos años. Según el Ministerio Público, la noticia criminis surgió a partir del testimonio anticipado rendido por una persona sentenciada dentro del denominado caso Plaga, investigación que destapó una presunta estructura de corrupción vinculada al sistema de justicia.
Ese testimonio permitió abrir una nueva línea investigativa relacionada con la posible manipulación de decisiones judiciales en la Corte Nacional de Justicia.
La hipótesis de la Fiscalía
De acuerdo con la versión presentada por el Ministerio Público, los jueces Milton V., Patricio S. e Iván L. habrían integrado el tribunal encargado de resolver un recurso de casación.
Como resultado de esa resolución judicial se dispuso el pago de USD 59.334.103,17 a favor de una empresa de origen chino.
La Fiscalía investiga ahora si la emisión de esa sentencia estuvo precedida por la entrega de beneficios económicos indebidos a funcionarios judiciales para influir en la decisión del tribunal.
Por el momento, el Ministerio Público no ha formulado cargos ni ha determinado responsabilidades penales, ya que el proceso permanece en la fase de investigación previa.
Un testimonio que abrió una nueva línea de investigación
La Fiscalía también señaló que uno de los principales elementos que sustentan la investigación corresponde al testimonio anticipado de Michael H., sentenciado en el caso Plaga.
Según la información oficial, el declarante manifestó que durante un evento realizado en la ciudad de Guayaquil mantuvo reuniones con varias personas, ocasión en la que conoció que determinados jueces habrían gestionado la emisión del fallo relacionado con la causa que llevaba varios años sin resolverse.
Ese relato motivó a la Fiscalía a iniciar las diligencias destinadas a verificar la veracidad de la información y establecer si existieron pagos o beneficios indebidos vinculados con la actuación judicial.
Evidencias serán sometidas a pericias
Los equipos tecnológicos y documentos incautados durante los allanamientos serán ahora objeto de análisis especializados.
La Fiscalía buscará identificar comunicaciones, registros financieros, archivos digitales y cualquier otro elemento que permita reconstruir los hechos investigados y determinar si existieron actuaciones irregulares dentro del proceso judicial.
Estas diligencias forman parte de la etapa inicial de la investigación, en la que el Ministerio Público recopila indicios antes de decidir si existen méritos suficientes para formular cargos.
Un nuevo desafío para la credibilidad del sistema judicial
La apertura de esta investigación vuelve a colocar bajo escrutinio a la Función Judicial ecuatoriana, especialmente a la Corte Nacional de Justicia, máximo órgano de administración de justicia ordinaria del país.
En los últimos años, varios procesos penales han evidenciado presuntas redes de corrupción dentro del sistema judicial, generando cuestionamientos sobre la transparencia en la administración de justicia y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control institucional.
El desarrollo de esta nueva causa será determinante para establecer si existieron actos de corrupción relacionados con la emisión de una sentencia de casación o si los indicios recopilados durante la investigación no alcanzan para sustentar una acusación penal.
Mientras tanto, las personas investigadas mantienen el derecho constitucional a la presunción de inocencia y al debido proceso hasta que la autoridad competente determine su eventual responsabilidad mediante una sentencia ejecutoriada.