El exmandatario boliviano enfrenta una nueva ofensiva judicial. La Fiscalía emitió una orden de captura por su presunta responsabilidad en los bloqueos y protestas que durante siete semanas afectaron la economía nacional, provocaron desabastecimiento, dejaron al menos 16 fallecidos y ocasionaron pérdidas superiores a los USD 3.000 millones. Morales rechaza las acusaciones y sostiene que las movilizaciones respondían a demandas sociales.
La crisis política y judicial en Bolivia suma un nuevo capítulo. La Fiscalía General ordenó este 29 de julio la captura del expresidente Evo Morales (2006-2019), al atribuirle una presunta participación en las protestas y bloqueos de carreteras que entre mayo y junio paralizaron gran parte del territorio nacional y desataron una de las mayores crisis sociales y económicas de los últimos años.
La disposición fiscal representa un nuevo revés para el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), quien ya enfrenta otro proceso penal por un presunto caso de trata agravada de personas y permanece desde hace varios meses refugiado en su bastión político del Trópico de Cochabamba, rodeado por cientos de seguidores que impiden el ingreso de las fuerzas de seguridad.
Fiscalía atribuye a Morales graves delitos contra el Estado
La orden de captura fue emitida por el fiscal Brayan Melgar, quien señala al exmandatario como presunto responsable de una serie de delitos considerados de alta gravedad para la seguridad del Estado boliviano.
Entre las acusaciones figuran:
- Terrorismo.
- Alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado.
- Atentado contra la seguridad de los medios de transporte.
- Atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
- Asociación delictuosa.
- Instigación pública a delinquir.
Las investigaciones buscan determinar el grado de participación de Morales en la organización y promoción de las movilizaciones que durante siete semanas mantuvieron bloqueadas las principales carreteras del país.
La disposición judicial también alcanza al dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Marco Argollo, y al líder campesino de La Paz, Vicente Salazar, quien permanece en prisión preventiva desde el pasado 6 de julio por otra investigación relacionada con estos mismos acontecimientos.
Protestas que paralizaron Bolivia durante siete semanas
Las movilizaciones se desarrollaron entre mayo y junio y tuvieron como principal escenario las regiones del occidente y el centro de Bolivia.
Diversos sectores sociales, sindicatos campesinos y organizaciones vinculadas a la Central Obrera Boliviana instalaron bloqueos permanentes en las principales vías del país para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, convirtiendo esa demanda en el eje central de las protestas.
El prolongado cierre de carreteras provocó una grave interrupción del transporte de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal hacia varias ciudades bolivianas.
Las consecuencias fueron severas. Según las autoridades, la crisis dejó al menos 16 personas fallecidas, de las cuales 13 perdieron la vida por no recibir atención médica oportuna, debido a la imposibilidad de trasladarlas por las vías bloqueadas.
A ello se sumaron pérdidas económicas superiores a USD 3.000 millones, afectando especialmente a los sectores productivos, comerciales y de transporte.
La denuncia surgió desde Santa Cruz
El proceso judicial se originó tras una denuncia presentada a inicios de julio por dirigentes cívicos de Santa Cruz, considerada la región más poblada y el principal motor económico de Bolivia.
Posteriormente, la acción legal recibió el respaldo del ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, quien solicitó profundizar las investigaciones para establecer las responsabilidades penales de quienes promovieron o coordinaron las movilizaciones.
La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para investigar la posible participación de Morales y otros dirigentes en hechos que, según el Gobierno, trascendieron el derecho a la protesta y pusieron en riesgo la estabilidad institucional del país.
Morales rechaza las acusaciones
El expresidente negó cualquier responsabilidad en los hechos que se le atribuyen.
Morales sostiene que nunca impulsó una estrategia para forzar la salida del presidente Rodrigo Paz y afirma que las movilizaciones respondieron exclusivamente a las demandas planteadas por diferentes sectores sociales.
No obstante, las investigaciones también analizan publicaciones realizadas por el exmandatario durante el desarrollo del conflicto.
Uno de los mensajes más citados corresponde al publicado el 24 de mayo en la red social X, donde Morales afirmó que el presidente solo tenía «dos caminos»: militarizar el país o convocar elecciones en un plazo de 90 días.
Para la Fiscalía, estas declaraciones podrían constituir un elemento adicional dentro del proceso que busca determinar si existió una estrategia coordinada para desestabilizar al Gobierno.
El Gobierno responsabiliza a Morales por la crisis
Desde el inicio de las protestas, el Ejecutivo boliviano sostuvo que el exmandatario desempeñó un papel determinante en la organización de las movilizaciones.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó semanas atrás que Morales alentaba las protestas con un objetivo político y judicial.
Según el funcionario, el verdadero propósito del líder del MAS era desviar la atención pública y evitar enfrentar el proceso penal abierto en su contra por presunta trata agravada de personas.
«Lo que realmente busca es esquivar sus responsabilidades ante la Justicia», manifestó entonces el portavoz gubernamental.
Asimismo, aseguró que los sectores movilizados no tenían voluntad de diálogo con el Ejecutivo y que las protestas estaban estrechamente vinculadas a la estrategia política del expresidente.
Estado de excepción para recuperar el control
Tras semanas de bloqueos y el fracaso de varios intentos de negociación, el presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción el pasado 20 de junio.
La medida permitió el despliegue conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas para retirar los bloqueos, recuperar el control de las principales carreteras y restablecer el abastecimiento en las ciudades afectadas.
Con esa intervención concluyó una de las mayores crisis de movilidad registradas en Bolivia durante los últimos años.
Un nuevo proceso se suma al caso por presunta trata de personas
La nueva orden de captura se suma al complejo escenario judicial que enfrenta Evo Morales.
Desde octubre de 2024, el exmandatario permanece en el Trópico de Cochabamba, considerado su principal bastión político y sindical, donde permanece protegido por centenares de simpatizantes que impiden el ingreso de las fuerzas policiales.
Morales ya era requerido por la Justicia dentro de una investigación por presunta trata agravada de personas, relacionada con una supuesta relación sentimental con una menor de edad durante su mandato presidencial y con quien, según la acusación, habría tenido una hija en 2016.
En mayo de este año, un tribunal del departamento de Tarija lo declaró en rebeldía tras no comparecer al inicio del juicio y emitió una nueva orden de captura.
Hasta ahora, las autoridades policiales no han logrado ejecutar ese mandato judicial debido al resguardo permanente que mantiene el exgobernante en Cochabamba.
Crece la presión judicial sobre el expresidente
Con la apertura de este nuevo proceso penal, Evo Morales enfrenta uno de los momentos más delicados de su extensa trayectoria política.
Mientras la Fiscalía busca establecer responsabilidades por los hechos que paralizaron Bolivia durante siete semanas, el exmandatario insiste en que las acusaciones forman parte de una persecución política y continúa rechazando cualquier participación en una supuesta estrategia para provocar la caída del Gobierno.
Entretanto, la orden de captura mantiene en máxima tensión el escenario político boliviano, en un contexto marcado por la polarización, la confrontación entre el oficialismo y los sectores afines al exmandatario, y el avance de procesos judiciales que podrían definir el futuro político de una de las figuras más influyentes de Bolivia en las últimas dos décadas.