La audiencia continuará este lunes con nuevas declaraciones técnicas mientras la Fiscalía busca demostrar un perjuicio al Estado superior a los 61 millones de dólares
QUITO.- El juicio del denominado caso Triple A, uno de los procesos judiciales más relevantes relacionados con presuntas irregularidades en la comercialización de combustibles en Ecuador, continuará este lunes 8 de junio con la presentación de una docena de testigos y varios peritos que forman parte de la estrategia probatoria de la Fiscalía General del Estado.
Tras dos jornadas desarrolladas durante el fin de semana, la práctica de pruebas avanzó a un ritmo menor al previsto debido a la complejidad técnica de los testimonios presentados, especialmente aquellos relacionados con los mecanismos de control, distribución y comercialización de derivados de petróleo bajo supervisión estatal.
La Fiscalía busca demostrar la presunta participación de dieciséis personas naturales y seis personas jurídicas en una estructura que habría operado mediante la comercialización irregular de combustibles destinados a segmentos específicos del mercado nacional.
Testimonios técnicos marcaron la audiencia
Durante las sesiones realizadas entre el sábado 6 y domingo 7 de junio, la fiscal encargada del caso presentó a varios funcionarios de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), quienes comparecieron en calidad de testigos para explicar procedimientos administrativos, inspecciones técnicas y expedientes elaborados durante las investigaciones.
Los funcionarios expusieron información relacionada con controles efectuados a diversas empresas comercializadoras de combustibles, así como observaciones contenidas en informes oficiales que forman parte del expediente procesal.
Según lo expuesto durante la audiencia, varias compañías habrían comercializado combustible hacia segmentos que, de acuerdo con la normativa vigente, no estaban autorizados para recibir determinados volúmenes o tipos de derivados de petróleo subsidiados.
Uno de los testimonios más extensos fue el de un funcionario especializado en control de combustibles, cuya comparecencia se prolongó durante más de una jornada debido al volumen de documentación técnica que debió ser incorporada al proceso judicial.
La presentación de evidencia incluyó informes técnicos, documentos administrativos y material contenido dentro de la cadena de custodia que mantiene la Fiscalía.
Aún faltan doce testigos y cuatro peritos
Pese a los avances registrados durante el fin de semana, la etapa probatoria de la Fiscalía todavía está lejos de concluir.
La fiscal del caso anunció que prescindirá de siete testigos inicialmente convocados; sin embargo, aún resta la comparecencia de doce personas y cuatro peritos especializados que deberán rendir sus testimonios en las próximas jornadas.
Se espera que estas declaraciones permitan fortalecer la teoría del caso presentada por el Ministerio Público y aportar elementos adicionales sobre la presunta operación investigada.
La diligencia judicial continuará los días 8, 9, 10, 13 y 14 de junio en el Complejo Judicial Norte de Quito.
El centro de la investigación
El caso Triple A gira en torno a una presunta red dedicada al almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.
Entre los procesados figura el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, junto con integrantes de su entorno familiar, representantes de empresas vinculadas al sector de combustibles y otras personas naturales y jurídicas que son investigadas dentro del proceso.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por organismos de control energético, que alertaron sobre presuntas inconsistencias detectadas en los registros de despacho y facturación de combustibles.
Según las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía, existirían diferencias significativas entre los volúmenes de combustible distribuidos y los efectivamente registrados en documentos comerciales, situación que habría generado un importante perjuicio económico para el Estado ecuatoriano.
Un perjuicio millonario bajo análisis
De acuerdo con los cálculos incorporados dentro del expediente fiscal, el supuesto perjuicio económico ascendería a más de 61,5 millones de dólares.
Las autoridades sostienen que las irregularidades investigadas involucrarían aproximadamente 22,7 millones de galones de combustibles, entre diésel y gasolina, cuya comercialización habría ocurrido fuera de los parámetros establecidos por la normativa vigente.
Precisamente, la determinación de cómo se produjo esa presunta afectación económica y el grado de responsabilidad de cada uno de los procesados constituye uno de los principales objetivos de la fase de juzgamiento que actualmente se desarrolla.
Un juicio de alto interés nacional
El proceso ha captado la atención pública debido al perfil de algunos de los acusados y a la magnitud de las cifras analizadas dentro del expediente.
Durante las audiencias de este fin de semana, Aquiles Alvarez fue trasladado desde el centro de privación de libertad donde permanece bajo prisión preventiva hasta la sede judicial habilitada para la diligencia.
Mientras tanto, otro de los procesados, Fernando Viteri, mantiene una orden de prisión preventiva y permanece prófugo de la justicia, por lo que las autoridades continúan ejecutando acciones para su localización y captura.
La expectativa ahora se centra en las próximas jornadas judiciales, donde la Fiscalía continuará exponiendo su carga probatoria con el objetivo de demostrar la existencia del presunto delito y la participación de los acusados.
Por su parte, las defensas de los procesados tendrán la oportunidad de controvertir las pruebas presentadas y sostener sus argumentos ante el Tribunal Penal especializado en delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, que será el encargado de emitir una decisión una vez concluida la etapa de juzgamiento.