La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos volvió a requerir información al tribunal que conoce la causa. La sentencia continúa pendiente tras finalizar el juicio el 2 de agosto, mientras se acerca el plazo de caducidad de la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil.
QUITO.- La expectativa por la sentencia dentro del denominado caso Triple A aumenta. La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) solicitó al tribunal que conoce el proceso informar oficialmente sobre el estado de la causa y precisar si ya existe una resolución respecto de Aquiles Alvarez y los demás procesados por el presunto delito relacionado con la comercialización ilegal de derivados de petróleo.
El requerimiento fue presentado el 18 de agosto de 2026 ante el Tribunal de Garantías Penales de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, integrado por los jueces Jorge Sánchez Pico, en calidad de ponente; Clara Soria Carpio y Víctor Barahona Cunalata.
La ARCH fundamentó su pedido en la necesidad de garantizar principios y derechos como la tutela judicial efectiva, el debido proceso, la defensa y la seguridad jurídica, además del derecho de las partes procesales a recibir una decisión judicial debidamente motivada y dentro de un plazo oportuno.
Juicio terminó el 2 de agosto, pero la decisión sigue pendiente
Uno de los principales argumentos expuestos por la institución es que, después de concluir la audiencia de juzgamiento el pasado 2 de agosto, el tribunal no anunció oralmente su decisión y tampoco habría notificado hasta el momento la correspondiente sentencia.
Esta situación mantiene abierta la expectativa sobre el futuro judicial de los procesados y adquiere especial relevancia por la situación de Aquiles Alvarez, quien permanece bajo prisión preventiva desde el 7 de marzo de 2026.
La fiscal del caso, Ruth Amoroso, ha señalado que espera que la decisión judicial sea conocida durante los primeros días de septiembre y antes de que se cumpla el plazo relacionado con la medida cautelar que pesa sobre el alcalde de Guayaquil.
“Con las jornadas largas, creo que tienen el tiempo suficiente para establecer la sentencia”, manifestó Amoroso, quien recordó que Alvarez es la única persona detenida dentro de la causa y sostuvo que la resolución debería conocerse antes de que caduque su prisión preventiva.
Fiscalía pidió seis años y nueve meses de prisión
El caso Triple A involucra a 22 personas naturales y jurídicas, entre ellas Aquiles Alvarez; sus hermanos Xavier y Antonio Alvarez; y su primo Fernando Viteri, quien se encuentra prófugo y mantiene una orden de prisión preventiva.
Durante la etapa de juicio, la Fiscalía General del Estado solicitó al tribunal declarar la culpabilidad de los procesados y aplicar para las personas naturales la pena máxima de seis años y nueve meses de prisión.
La acusación también incluye pedidos de multas, la clausura definitiva de seis compañías procesadas y el pago de una reparación integral de $61,5 millones, monto que correspondería al perjuicio económico que, según la tesis fiscal, habría sufrido el Estado.
Fiscalía sostiene que existió una red para desviar combustible subsidiado
La investigación gira alrededor de las actividades de empresas del sector hidrocarburífero presuntamente vinculadas a Aquiles Alvarez y su entorno familiar.
De acuerdo con la teoría presentada por la Fiscalía durante el proceso, se habría estructurado una red destinada a desviar ilegalmente combustible subsidiado entre los segmentos automotor, industrial y naviero, tanto a escala nacional como internacional.
La acusación sostiene que las operaciones investigadas involucrarían aproximadamente 22,7 millones de galones de diésel y gasolina, generando un supuesto perjuicio económico al Estado estimado en $61,5 millones.
Estas afirmaciones forman parte de la tesis acusatoria de la Fiscalía y deberán ser valoradas por el tribunal al momento de establecer si existe o no responsabilidad penal de los procesados.
Presión por una resolución antes de septiembre
La nueva petición de la ARCH incrementa la atención sobre los tiempos que maneja el tribunal para emitir su decisión.
La proximidad de la eventual caducidad de la prisión preventiva de Aquiles Alvarez introduce un elemento adicional en un proceso que mantiene bajo expectativa tanto a las partes procesales como al escenario político de Guayaquil.
Sin embargo, la eventual terminación de una medida cautelar y la determinación de responsabilidad penal constituyen cuestiones jurídicamente distintas. Será el tribunal el encargado de resolver, sobre la base de las pruebas y argumentos presentados durante el juicio, si acoge o rechaza la acusación formulada por la Fiscalía.
Caso Triple A entra en una fase decisiva
Con la audiencia de juzgamiento concluida y los alegatos de las partes ya presentados, el caso Triple A atraviesa una etapa determinante.
La Fiscalía reclama condenas, sanciones económicas, el cierre definitivo de compañías y una reparación millonaria; mientras la ARCH exige conocer si el tribunal ya adoptó una decisión.
Por ahora, no existe una sentencia informada en los antecedentes proporcionados, por lo que los procesados mantienen su condición jurídica mientras el tribunal no comunique oficialmente su resolución.
La atención se concentra ahora en los jueces Jorge Sánchez Pico, Clara Soria Carpio y Víctor Barahona Cunalata, cuya decisión deberá determinar si la tesis acusatoria de la Fiscalía queda acreditada y cuáles serán las consecuencias jurídicas para Aquiles Alvarez y los demás procesados en uno de los procesos judiciales de mayor repercusión política del país.