El fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón, considera que ha transcurrido un “tiempo prudente” desde que el tribunal de la Corte Nacional de Justicia inició la deliberación. El Ministerio Público solicita fijar fecha y hora para reinstalar la audiencia y conocer la resolución sobre los procesados por presunto cohecho.
Quito, Ecuador.— A más de un mes de que el tribunal encargado del caso Sinohydro suspendiera la audiencia de juicio para iniciar la etapa de deliberación, la Fiscalía General del Estado solicitó formalmente que se convoque a la reinstalación de la diligencia para conocer la decisión judicial respecto del expresidente Lenín Moreno y los demás procesados dentro de la causa.
El fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón, dirigió el pedido al tribunal de juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), integrado por los magistrados Manuel Cabrera, en calidad de ponente; Daniella Camacho y Julio Inga.
Según el planteamiento de la Fiscalía, desde la suspensión de la audiencia ha transcurrido un “tiempo prudente” para la deliberación, por lo que corresponde establecer día y hora para reinstalar el juicio y comunicar la resolución adoptada por los jueces.
El requerimiento fue presentado a inicios de agosto y consta dentro del expediente digital de una de las causas judiciales de mayor repercusión política de los últimos años en Ecuador.
Tribunal delibera desde el 10 de julio
La audiencia de juicio fue suspendida el pasado 10 de julio, después de 31 días de diligencia. Desde entonces, Cabrera, Camacho e Inga se encuentran en la etapa de deliberación previa a anunciar su decisión.
El tribunal deberá pronunciarse sobre la acusación presentada contra 20 procesados, señalados por la Fiscalía como presuntos autores o cómplices del delito de cohecho.
También deberá resolver respecto del retiro de la acusación fiscal contra Priscila Burneo.
Durante la etapa de juicio, el Ministerio Público presentó su teoría del caso, pruebas documentales, testimoniales y otros elementos con los cuales sostiene haber demostrado la existencia de un esquema de sobornos relacionado con la contratación y construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
Fiscalía pide seis años y seis meses para los señalados como autores
En su alegato, Alarcón solicitó una pena de seis años y seis meses de prisión, más las agravantes que correspondan, para quienes la Fiscalía ubica como autores directos del presunto delito de cohecho.
Entre ellos se encuentran el exvicepresidente Lenín Moreno; el empresario Conto Patiño; el exembajador de China en Ecuador Cai Runguo; los exfuncionarios de Coca Sinclair EP Luciano Cepeda y Henry Galarza; así como los ciudadanos chinos Yan Huiju, exapoderado general y exrepresentante de Sinohydro Corporation en Ecuador, y Song Dongsheng, exrepresentante legal de la compañía.
La Fiscalía sostiene que la determinación de las penas debe considerar tanto la normativa penal vigente al momento de los hechos como las disposiciones aplicables del actual Código Orgánico Integral Penal (COIP), bajo los principios de legalidad y proporcionalidad.
Familiares y personas del entorno también enfrentan acusaciones
La acusación fiscal también alcanza a familiares de Moreno y personas relacionadas con Conto Patiño y otros procesados, a quienes el Ministerio Público ubica en calidad de presuntos cómplices.
En este grupo constan Rocío González; Irina Moreno González; Guillermo y Edwin Moreno Garcés; Martha González; Juan Carlos, Patricia, Manuel y María Auxiliadora Patiño; Xavier Macías; Eduardo Carmigniani; Carlos Almeida; y María Augusta Baquero.
Alarcón precisó durante el juicio que la Fiscalía solicitó que estas personas sean declaradas cómplices conforme a las disposiciones legales aplicables y que las eventuales penas sean individualizadas tomando en consideración su grado de participación.
El Ministerio Público recordó que la legislación penal establece diferencias entre las sanciones correspondientes a autores y cómplices. Bajo ese criterio, aseguró que su pretensión punitiva fue formulada atendiendo las normas vigentes tanto durante la época de los hechos investigados como bajo el actual COIP.
“La solicitud de imposición de pena formulada respecto de los cómplices guarda plena correspondencia con la pena requerida para los autores”, sostuvo Alarcón al defender la proporcionalidad de la acusación presentada ante el tribunal.
Una trama que, según Fiscalía, superó los USD 76 millones
El caso Sinohydro investiga una presunta estructura de sobornos que habría operado entre 2009 y 2018, vinculada con el proceso mediante el cual la compañía china Sinohydro participó en la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
La teoría de la Fiscalía sostiene que se habrían entregado más de USD 76 millones en presuntos sobornos.
De esa cantidad, según la acusación fiscal, algo más de USD 1 millón habría llegado al entorno del expresidente Moreno, mientras que aproximadamente USD 58,8 millones habrían terminado en cuentas personales, corporativas y de compañías relacionadas con Conto Patiño, familiares y otros vinculados a la investigación.
Para el Ministerio Público, estos pagos habrían constituido contraprestaciones indebidas relacionadas con actuaciones que facilitaron la adjudicación, financiamiento y ejecución de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
Fiscalía señala intervención de altos funcionarios
Uno de los ejes centrales de la acusación sostiene que funcionarios públicos de alto nivel habrían aprovechado sus posiciones para intervenir en decisiones relacionadas con el proyecto.
Alarcón aseguró durante el juicio que la Fiscalía presentó elementos que, desde la perspectiva de la institución, permitirían demostrar la participación atribuida individualmente a cada procesado.
En el caso específico de Lenín Moreno, quien ejerció la Vicepresidencia de la República entre 2007 y 2013 y posteriormente la Presidencia entre 2017 y 2021, la Fiscalía sostiene que habría existido una intervención destinada a facilitar decisiones vinculadas con la adjudicación y financiamiento del proyecto, generándose posteriormente supuestos beneficios económicos para personas de su entorno.
Estas afirmaciones forman parte de la teoría acusatoria de la Fiscalía y deberán ser valoradas por los jueces frente a las pruebas, argumentos y posiciones presentadas por las defensas.
El caso queda a la espera de una de sus decisiones más importantes
Tras una investigación de alto impacto y 31 días de audiencia de juicio, el futuro judicial de los procesados se encuentra ahora en manos del tribunal de la Corte Nacional.
El pedido presentado por el fiscal general encargado incrementa la expectativa sobre cuándo será reinstalada la audiencia y cuándo se conocerá finalmente la resolución.
La decisión de los magistrados determinará si acogen total o parcialmente la acusación fiscal o si concluyen que los elementos presentados durante el juicio no son suficientes para establecer responsabilidad penal respecto de alguno o de todos los procesados.
Hasta que exista una resolución judicial definitiva, Lenín Moreno y las demás personas procesadas mantienen su estado jurídico de inocencia, conforme a las garantías constitucionales y al debido proceso.