La crisis energética que golpeó al Ecuador durante 2024, marcada por extensos cortes de electricidad que llegaron a superar las 14 horas diarias en varias ciudades del país, abrió paso a decisiones urgentes orientadas a incorporar generación eléctrica de emergencia. Sin embargo, lo que inicialmente se presentó como una respuesta para enfrentar la escasez energética terminó convirtiéndose en uno de los procesos más delicados y complejos que hoy investiga la justicia ecuatoriana.
El denominado “Caso Apagón”, impulsado por la Fiscalía General del Estado, investiga una presunta trama de peculado vinculada a contratos de generación eléctrica adjudicados a la empresa Progen para las centrales térmicas de Salitral y Quevedo, cuyo presunto perjuicio económico para el Estado asciende a USD 104 millones.
La investigación se encuentra actualmente en una nueva etapa procesal luego de la audiencia de formulación de cargos, con un período de 90 días de instrucción fiscal, durante el cual se recopilarán elementos que permitan determinar responsabilidades.
El origen: una crisis energética que obligó a decisiones de emergencia
La crisis eléctrica de 2024 colocó al país bajo una fuerte presión institucional. Los apagones afectaron sectores productivos, actividades comerciales y la vida cotidiana de millones de ciudadanos.
En ese escenario, el Gobierno inició procesos emergentes para incorporar generación termoeléctrica adicional que permitiera aliviar el déficit energético nacional.
Dentro de esas contrataciones apareció la empresa Progen, que presentó propuestas para proveer generadores destinados a las centrales de Salitral y Quevedo.
La compañía se presentó como una firma especializada con amplia experiencia internacional en fabricación, mantenimiento y provisión de equipos energéticos, ofreciendo equipos que, según la documentación entregada, eran nuevos y de reciente fabricación.
Las primeras alertas: documentos y advertencias que encendieron señales
Con el avance de las investigaciones comenzaron a aparecer elementos que hoy forman parte del expediente fiscal y que evidencian una serie de alertas previas que habrían sido ignoradas durante el proceso.
Uno de los documentos que adquirió relevancia fue una comunicación enviada por representantes de una empresa extranjera que mantenía la representación oficial de motores EMD en Ecuador.
En dicha documentación se advertía que Progen no era distribuidor autorizado ni mantenía respaldo oficial para comercializar determinados equipos ofertados durante el proceso.
También se alertó que algunos modelos ofrecidos como equipos recientes aparentemente habían dejado de fabricarse años atrás.
Posteriormente, informes técnicos incorporados a la investigación señalaron presuntas inconsistencias respecto a la antigüedad de los generadores.
Mientras en la documentación se aseguraba que eran equipos fabricados en 2023 y sin uso previo, verificaciones posteriores habrían determinado que algunos motores corresponderían a modelos mucho más antiguos.
Pericias técnicas incorporadas al expediente mencionan incluso cambios de placas de identificación y diferencias entre la información ofertada y los equipos revisados.
La solicitud de veeduría y el debate sobre controles institucionales
Otro elemento que hoy vuelve a cobrar relevancia es la solicitud realizada el 27 de junio de 2024 por el entonces gerente de Termopichincha, Byron Orozco, a la Secretaría General de Integridad Pública.
En ese documento se pedía acompañamiento institucional durante la fase de apertura y calificación de ofertas.
Durante varios meses surgieron versiones respecto a una supuesta ausencia de respuesta institucional; sin embargo, posteriormente la Secretaría General de Integridad Pública aseguró que sí contestó mediante un oficio emitido el 2 de julio de 2024.
La entidad indicó que en aquel momento no tenía facultades legales para intervenir como organismo veedor dentro de procesos de contratación pública.
Este punto abrió un nuevo debate respecto a los mecanismos de supervisión y control aplicados durante contrataciones efectuadas bajo circunstancias de emergencia.
El dinero desembolsado y el presunto perjuicio económico
La investigación sostiene que el Estado ecuatoriano habría desembolsado más de USD 104 millones dentro de los contratos relacionados con Progen.
Según las investigaciones preliminares, parte de esos recursos se habrían entregado mediante anticipos para la ejecución de proyectos de generación eléctrica que posteriormente presentaron incumplimientos.
Las autoridades han manifestado que existen acciones orientadas a recuperar los recursos comprometidos en el proceso.
Los procesados y las medidas judiciales
Tras la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía inició oficialmente la etapa de instrucción fiscal por presunto peculado.
Entre los 21 procesados figuran exfuncionarios y exautoridades vinculadas al sector eléctrico, entre ellos el exministro de Energía Antonio Goncalves y Fabián Calero, exgerente de Celec y exviceministro.
Como parte de las medidas dictadas por la justicia se emitieron órdenes de prisión preventiva contra 19 personas investigadas.
Hasta el momento no se ha confirmado la captura de ninguno de ellos.
Dentro del proceso también figuran Andrew Scott Williamson y Karla Saud, quienes se encontrarían fuera del país, por lo que cualquier proceso de localización y captura dependería de mecanismos de cooperación internacional y notificaciones a organismos como Interpol.
La postura de Fabián Calero
Luego de la audiencia, Fabián Calero difundió una carta pública en la que rechazó las acusaciones y aseguró que todas sus actuaciones se desarrollaron dentro del marco legal.
Además, afirmó haber colaborado durante meses con la Fiscalía mediante la entrega de documentación e información relacionada con el caso.
Calero sostuvo también que había denunciado amenazas y que actualmente inició un procedimiento de protección internacional fuera del país.
¿Cómo queda el caso hasta hoy?
Con el inicio formal de la instrucción fiscal, la Fiscalía dispuso 90 días para desarrollar nuevas diligencias, recopilar versiones, solicitar pericias técnicas, ordenar allanamientos y obtener documentación adicional.
La investigación también podría ampliarse si aparecen nuevos elementos que permitan vincular a otras personas.
Por ahora, el caso entra en una etapa decisiva. Lo que comenzó como una contratación emergente para enfrentar una de las mayores crisis eléctricas de los últimos años se transformó en una investigación de alto impacto político y judicial, cuyo desenlace podría definir responsabilidades sobre el manejo de recursos públicos durante uno de los períodos más críticos para el sistema energético ecuatoriano.