La investigación por presunto peculado alcanza a exfuncionarios, asesores y contratistas del Municipio de Cuenca. La Fiscalía ejecutó 14 allanamientos en dependencias municipales y domicilios particulares para recopilar indicios sobre posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. Entre los señalados figura un hermano del exministro correísta Esteban Albornoz.

Cuenca, 27 de octubre de 2026. — Una investigación por presuntas irregularidades en la contratación pública coloca bajo escrutinio a la administración municipal de Cuenca. El alcalde suspendido, Cristian Zamora, junto con exfuncionarios, asesores y contratistas, figura entre las personas mencionadas en las indagaciones sobre una supuesta estructura que habría intervenido en la adjudicación de contratos de distintas empresas y dependencias municipales.

De acuerdo con información preliminar difundida por EL UNIVERSO, las investigaciones examinan movimientos económicos relacionados con contratos públicos por aproximadamente 11 millones de dólares, así como posibles mecanismos de cobro de porcentajes sobre los valores adjudicados.

La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó este martes 27 de octubre un total de 14 allanamientos con el propósito de recopilar documentación y otros elementos que permitan esclarecer los hechos investigados.

Entre los nombres mencionados se encuentran el alcalde suspendido Cristian Zamora; Pablo Albornoz Vintimilla, hermano del exministro del Gobierno de Rafael Correa, Esteban Albornoz; Marlon Torres Chamorro; y Christian Carangui Bravo, quienes habrían desempeñado diferentes funciones dentro del entorno administrativo municipal.

Las responsabilidades y los posibles vínculos entre los investigados deberán ser determinados por la Fiscalía. Las acusaciones conocidas hasta el momento no constituyen pruebas definitivas de responsabilidad penal.

Allanamientos en empresas municipales y domicilios de exfuncionarios

Los operativos se desarrollaron en distintas instalaciones vinculadas con el gobierno municipal y en inmuebles particulares relacionados con las personas investigadas.

Entre las dependencias intervenidas constan la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte (EMOV), la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Saneamiento y Gestión Ambiental (Etapa EP), la Corporación Aeroportuaria de Cuenca (Corpac), así como áreas administrativas, de Gobernabilidad y el despacho municipal.

Las diligencias también alcanzaron domicilios de exfuncionarios, donde los agentes buscaron documentos, dispositivos electrónicos y otros indicios que podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Según la información difundida, las investigaciones también abarcan posibles contrataciones relacionadas con la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC-EP).

Uno de los principales objetivos de las diligencias es reconstruir los procedimientos de adjudicación, identificar a los responsables de las decisiones administrativas y establecer si existieron beneficios económicos indebidos.

Contratos bajo sospecha: presuntos cobros de entre el 10 % y el 20 %

Uno de los elementos centrales de la investigación es la posible existencia de un mecanismo mediante el cual determinadas personas habrían recibido porcentajes de los contratos adjudicados por las entidades municipales.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, estos valores habrían oscilado entre el 10 % y el 20 % del monto de las contrataciones.

Los investigadores también examinan información financiera y tributaria de personas vinculadas con el caso, ante posibles diferencias entre sus ingresos declarados, movimientos económicos y patrimonio.

Estas verificaciones buscan determinar si los recursos analizados tienen un origen justificable y si existe alguna relación con los procesos de contratación pública investigados.

Sin embargo, el monto de $11 millones corresponde al volumen de operaciones contractuales que estaría bajo examen y no debe interpretarse como una cantidad de dinero cuya sustracción o desvío haya sido demostrada.

Cristian Zamora figura entre los señalados en la investigación

El alcalde suspendido de Cuenca, Cristian Zamora, aparece mencionado en los antecedentes preliminares como una persona que habría desempeñado un supuesto papel de dirección dentro de la estructura investigada.

Según la información proporcionada, Zamora se encuentra en México mientras avanzan las diligencias de las autoridades ecuatorianas.

La investigación deberá determinar si existieron instrucciones, decisiones o actuaciones atribuibles al alcalde en relación con los contratos examinados.

Su inclusión en los antecedentes investigativos no equivale a una declaración de culpabilidad, y cualquier eventual responsabilidad deberá sustentarse en pruebas y resoluciones de las autoridades competentes.

Pablo Albornoz, hermano de un exministro del correísmo, entre los mencionados

Otro de los nombres que aparece en las indagaciones es Pablo Albornoz Vintimilla, identificado como asesor de Cristian Zamora en asuntos relacionados con obras civiles durante el período comprendido entre 2023 y 2026.

Albornoz es hermano de Esteban Albornoz, quien desempeñó funciones ministeriales durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa.

Según los antecedentes difundidos por EL UNIVERSO, Pablo Albornoz habría tenido participación en asuntos vinculados con la contratación de obras públicas y figura entre las personas cuyo posible papel en los procesos de adjudicación está siendo examinado.

También se mencionan exámenes especiales de la Contraloría General del Estado relacionados con contrataciones realizadas entre 2020 y 2024.

La relación familiar con un exministro constituye un dato biográfico y político, pero no demuestra participación de Esteban Albornoz en los hechos investigados.

Marlon Torres y Christian Carangui: otros nombres bajo revisión

Las investigaciones también mencionan a Marlon Alberto Torres Chamorro, identificado como una persona cercana al entorno político y administrativo del alcalde suspendido.

Según la información divulgada, Torres habría desempeñado funciones de asesoría relacionadas con eventos artísticos y posteriormente presidió el movimiento político Renovación, lista 63, vinculado con Zamora.

Entre los señalamientos que se le atribuyen constan presuntas gestiones para facilitar el ingreso de familiares o personas relacionadas con su entorno a distintas dependencias municipales.

Estas acusaciones sobre posible nepotismo requieren una verificación específica de los procesos de contratación de personal y de las relaciones familiares mencionadas.

Por otra parte, Christian Fernando Carangui Bravo, conocido como Chicho, también figura en los antecedentes del caso.

Carangui habría iniciado su trayectoria laboral en la administración pública como auxiliar de bodega en 2017, hasta llegar a desempeñarse como coordinador de Fortalecimiento Urbano y Rural del Municipio de Cuenca en 2024.

Los informes citados cuestionan si cumplía con los requisitos académicos exigidos para el cargo y mencionan la presencia de familiares en instituciones municipales como EMOV, Etapa EP y el Consejo de Seguridad Ciudadana.

Corresponderá a las autoridades establecer la legalidad de los nombramientos y determinar si existieron irregularidades administrativas o penales.

Alcaldesa subrogante Marisol Peñaloza ofrece colaboración con la Fiscalía

Tras los allanamientos, la alcaldesa subrogante de Cuenca, Marisol Peñaloza, calificó de lamentable la situación que atraviesa el gobierno municipal.

La autoridad confirmó que los investigadores solicitaron información relacionada con antiguos colaboradores de la administración de Cristian Zamora, entre ellos asesores y exfuncionarios mencionados en las indagaciones.

Entre los requerimientos constan computadoras, documentos firmados y registros administrativos que podrían resultar relevantes para reconstruir las actuaciones de las personas investigadas.

Peñaloza aseguró que la Municipalidad brindará las facilidades necesarias para que la Fiscalía acceda a la documentación requerida.

Asimismo, sostuvo que los servicios públicos, proyectos y programas de atención ciudadana continúan funcionando con normalidad, pese a las diligencias realizadas en diferentes dependencias municipales.

De acuerdo con la información conocida durante la mañana de este martes, todavía no existía una confirmación oficial sobre posibles detenciones relacionadas con los operativos.

Exasesores habrían sido desvinculados en junio de 2026

Otro antecedente relevante es la presunta desvinculación de varios asesores y trabajadores municipales durante junio de 2026, cuando Marisol Peñaloza se encontraba al frente de la administración.

Según información recogida por EL UNIVERSO, estas decisiones se habrían producido después de que determinados colaboradores no respondieran satisfactoriamente a requerimientos relacionados con las actividades que desempeñaban dentro del cabildo.

Este antecedente podría resultar relevante para establecer la cronología de las actuaciones administrativas y determinar qué funcionarios tuvieron participación en los procedimientos contractuales que actualmente son examinados.

Zamora también enfrenta otras investigaciones

El nuevo procedimiento judicial se produce mientras Cristian Zamora enfrenta otros cuestionamientos relacionados con su gestión.

De acuerdo con información periodística publicada durante octubre, contra el alcalde suspendido se han presentado tres denuncias por presunto peculado. Paralelamente, la Fiscalía ha impulsado actuaciones dentro de una investigación por posible enriquecimiento ilícito.

También se han conocido observaciones de la Contraloría General del Estado relacionadas con contrataciones de infraestructura hospitalaria y actividades culturales.

Estas causas y procedimientos deben analizarse individualmente, sin asumir que las denuncias corresponden a los mismos hechos o que las responsabilidades señaladas se encuentran demostradas.

La investigación deberá esclarecer el destino de los recursos públicos

El desarrollo del caso dependerá del análisis de los dispositivos electrónicos, documentos, expedientes contractuales e información financiera recopilados durante los allanamientos.

Las autoridades deberán determinar si existieron irregularidades en las adjudicaciones, si determinados funcionarios o particulares recibieron beneficios indebidos y si se produjo una afectación económica a los recursos municipales.

La transparencia de la contratación pública y el adecuado funcionamiento de las empresas municipales son aspectos fundamentales para garantizar que los recursos destinados a obras y servicios beneficien efectivamente a la ciudadanía.

Mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones, el Municipio de Cuenca enfrenta un proceso de revisión institucional que podría esclarecer el manejo de contratos millonarios y las actuaciones de antiguos funcionarios y asesores de la administración local.

Por ahora, los señalamientos permanecen en el ámbito investigativo y todas las personas mencionadas conservan su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.