El Pleno legislativo analizará este lunes 19 de octubre la propuesta del Ejecutivo para modificar las sanciones tributarias que podrían alcanzar hasta un millón de dólares. La Comisión de Régimen Económico recomienda aceptar la objeción presidencial y establecer multas proporcionales al valor de los bienes no reportados.
La Asamblea Nacional de Ecuador se prepara para debatir una modificación al régimen de sanciones tributarias aplicable a los contribuyentes que incumplan con la declaración de sus activos en el exterior. El análisis está previsto para este lunes 19 de octubre de 2026, a partir de las 09:30, durante una sesión virtual del Pleno legislativo.
El debate se desarrollará tras la objeción parcial por inconveniencia presentada por el presidente Daniel Noboa a las reformas al Código Tributario, aprobadas por la Asamblea el pasado 6 de octubre.
La principal controversia gira alrededor del mecanismo utilizado para calcular las multas, debido a que el texto inicialmente aprobado contempla sanciones económicas elevadas para quienes no presenten su declaración patrimonial, incluso en situaciones en las que el incumplimiento no esté relacionado con la existencia de bienes fuera del país.
Frente a este escenario, el Ejecutivo propone reemplazar las multas fijas por un sistema proporcional, en el que la sanción económica se determine según el valor de los activos no declarados.
Multas podrían alcanzar más de un millón de dólares
La reforma aprobada originalmente por la Asamblea establecía multas de entre 1.000 y 2.075 salarios básicos unificados (SBU) para los contribuyentes obligados a presentar su declaración patrimonial que incumplieran esta responsabilidad.
Considerando que el salario básico unificado de 2026 se encuentra fijado en 482 dólares, las sanciones podían oscilar entre 482.000 y 1.000.150 dólares, independientemente del valor de los bienes que poseyera el contribuyente.
En cambio, para quienes presentaran la declaración patrimonial, pero omitieran total o parcialmente información sobre sus activos en el exterior, se contemplaba una multa equivalente al 0,5 % del valor de los bienes no reportados, con un límite máximo de 2.075 salarios básicos.
Esta diferencia en el tratamiento de las infracciones fue uno de los aspectos cuestionados por el Gobierno Nacional.
El presidente Noboa consideró que la aplicación de sanciones fijas de semejante magnitud podía resultar excesiva y no mantener una relación razonable con la gravedad del incumplimiento tributario.
Según los argumentos del Ejecutivo, el esquema también podía generar consecuencias económicas desproporcionadas y abrir la posibilidad de una aplicación recaudatoria arbitraria.
¿Qué propone el Gobierno para modificar las sanciones?
La objeción presidencial plantea unificar el mecanismo de cálculo de las multas para los contribuyentes obligados a reportar activos en el exterior.
De aceptarse la propuesta, tanto quienes incumplan con la presentación de la declaración correspondiente como quienes omitan información sobre sus bienes fuera del país serían sancionados con una multa equivalente al 0,5 % del valor total de los activos no reportados.
El nuevo esquema mantendría un límite máximo de 2.075 salarios básicos unificados, equivalente a 1.000.150 dólares durante 2026.
Para comprender el alcance de la propuesta, un contribuyente que omita declarar activos en el exterior valorados en 100.000 dólares estaría sujeto a una multa de 500 dólares, mientras que una omisión por bienes valorados en un millón de dólares generaría una sanción de 5.000 dólares, conforme al porcentaje planteado.
Estos valores son ejemplos referenciales del mecanismo de cálculo propuesto y no corresponden a sanciones efectivamente impuestas.
La alternativa presidencial también contempla un incentivo para la regularización voluntaria. Si el contribuyente presenta la declaración fuera del plazo establecido, pero antes de recibir una notificación de la Administración Tributaria sobre la infracción, la multa se reduciría en un 50 %, respetando el límite máximo previsto en la normativa.
Comisión legislativa recomienda aceptar la propuesta presidencial
La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, presidida por la legisladora Nathaly Farinango, de Acción Democrática Nacional (ADN), emitió un informe favorable a la objeción presentada por el Ejecutivo.
La mesa legislativa recomienda al Pleno allanarse a la observación presidencial, lo que significaría aceptar el texto alternativo propuesto por el Gobierno.
Entre los argumentos expuestos, la Comisión identificó posibles problemas de interpretación jurídica en la redacción original de la reforma.
Según su análisis, mientras el título del artículo hacía referencia a la falta de declaración de activos en el exterior, uno de sus incisos establecía sanciones generales para quienes no presentaran su declaración patrimonial.
Esta diferencia podía ocasionar que contribuyentes sin bienes fuera del país quedaran expuestos a multas de considerable magnitud.
La Comisión sostiene que la propuesta presidencial permite delimitar con mayor precisión a los sujetos obligados y establecer sanciones relacionadas directamente con el valor de los activos omitidos.
Asimismo, considera que el mecanismo alternativo contribuye a fortalecer la seguridad jurídica y responde al principio constitucional de proporcionalidad entre las infracciones y sus respectivas sanciones, además de atender las garantías frente a medidas de carácter confiscatorio.
Decisión de la Asamblea definirá el futuro de la reforma
La sesión prevista para este lunes será determinante para establecer el tratamiento legislativo de la objeción presidencial.
Los asambleístas deberán analizar el informe de la Comisión de Régimen Económico y pronunciarse sobre la posibilidad de incorporar el mecanismo proporcional planteado por el Ejecutivo.
El debate adquiere relevancia por sus posibles efectos sobre los contribuyentes obligados a declarar su patrimonio y reportar activos en el exterior, así como por la necesidad de garantizar que las sanciones tributarias sean claras, aplicables y acordes con la gravedad de cada infracción.
Por ahora, la propuesta presidencial constituye una modificación pendiente de resolución legislativa y no una disposición definitivamente aprobada.
La decisión del Pleno permitirá conocer si la Asamblea acepta el cambio recomendado por la Comisión o mantiene su posición respecto del esquema sancionatorio inicialmente aprobado el 6 de octubre.