El Tribunal de Garantías Penales especializado en delitos relacionados con corrupción y crimen organizado autorizó que Fiorella Icaza, esposa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, pueda asistirlo durante el desarrollo de las audiencias de juzgamiento del denominado caso Triple A, en el que el burgomaestre enfrenta un proceso penal junto a otras 21 personas por presuntos delitos relacionados con la comercialización ilegal de combustibles.
La decisión fue adoptada por el juez ponente Jorge Sánchez Pico, quien acogió los pedidos formulados por la defensa del alcalde con el propósito de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la defensa durante la etapa de juicio.
Tribunal amplía facilidades para la defensa
Dentro de la resolución, el magistrado autorizó la ampliación de las visitas jurídicas que podrán realizar los abogados de Alvarez en la Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena, donde el alcalde permanece privado de libertad desde el pasado 9 de marzo de 2026.
Las visitas extraordinarias fueron habilitadas para los días comprendidos entre el 20 y el 23 de julio, período previo a la continuación de las diligencias judiciales, con el objetivo de permitir la preparación técnica de la estrategia de defensa antes de las jornadas de juzgamiento.
De igual manera, el juez dio paso a la solicitud para que Fiorella Icaza pueda realizar gestiones relacionadas con la provisión de vestimenta y alimentación del alcalde durante los días en que se desarrollen las audiencias.
La disposición establece que estas medidas responden a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para la comparecencia del procesado ante el tribunal.
Audiencias continuarán en julio
La reinstalación de la audiencia de juicio fue convocada para los días 18, 19, 24, 25 y 26 de julio, a partir de las 08:30, dentro del proceso que se desarrolla en el Tribunal de Garantías Penales de la Unidad Judicial especializada en delitos de corrupción y crimen organizado.
Las diligencias se efectuarán de manera presencial en el Complejo Judicial Norte de Quito, mientras que los procesados que permanecen privados de libertad participarán mediante conexión virtual desde los respectivos centros penitenciarios.
Para garantizar la comparecencia de Aquiles Alvarez, el juez dispuso al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y a la Policía Nacional coordinar su traslado desde la Cárcel del Encuentro hasta la Unidad Judicial del cantón La Libertad, en Santa Elena, desde donde intervendrá en las audiencias bajo estrictas medidas de seguridad.
Asimismo, el SNAI deberá adoptar las acciones administrativas y logísticas necesarias para facilitar tanto las visitas autorizadas como la ejecución de los traslados ordenados por la autoridad judicial.
Un proceso con 22 personas procesadas
El denominado caso Triple A involucra a 22 procesados, entre ellos 16 personas naturales y seis personas jurídicas, quienes son investigados por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos.
De acuerdo con la teoría presentada por la Fiscalía, empresas vinculadas al alcalde de Guayaquil y a miembros de su entorno familiar habrían conformado una estructura que, presuntamente, desvió combustible subsidiado destinado a determinados segmentos de consumo hacia otros mercados nacionales e internacionales.
Según la investigación fiscal, el supuesto esquema habría permitido la comercialización irregular de aproximadamente 22,7 millones de galones de diésel y gasolina, ocasionando un presunto perjuicio económico al Estado estimado en 61,5 millones de dólares.
El juicio entra en una fase decisiva
La continuación de la audiencia de juzgamiento marcará una etapa determinante dentro de uno de los procesos penales de mayor repercusión política y económica del país, debido a la calidad de los procesados y al monto del presunto perjuicio investigado.
Durante esta fase, el Tribunal escuchará la práctica de pruebas, testimonios y alegatos de las partes procesales antes de emitir una decisión sobre la responsabilidad penal de los acusados, conforme a las garantías del debido proceso y al principio de presunción de inocencia que ampara a todos los procesados mientras no exista una sentencia ejecutoriada.