La Asamblea Nacional avanza con el proceso por presunto incumplimiento de funciones contra la exministra de Energía y Minas. La jornada estuvo marcada por la presentación de pruebas documentales, un enfrentamiento entre legisladores y la defensa de la exfuncionaria, quien participó de forma telemática desde el extranjero.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional dio un nuevo paso dentro del juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, al iniciar este miércoles 15 de julio la fase de presentación de pruebas que sustentan la acusación por presunto incumplimiento de funciones durante su gestión al frente del sector energético.
La diligencia, que se extendió durante varias horas, estuvo acompañada por momentos de alta tensión política, luego de un intercambio verbal entre legisladoras de las bancadas Revolución Ciudadana (RC) y Acción Democrática Nacional (ADN), incidente que obligó a suspender temporalmente la sesión antes de su posterior reinstalación.
Manzano siguió la audiencia desde el extranjero
La exministra compareció de manera telemática desde el exterior y permaneció conectada durante toda la sesión, aunque optó por ejercer su derecho a la defensa a través de su equipo jurídico.
Esta modalidad fue cuestionada por los asambleístas interpelantes Mónica Palacios, Lenín Barreto y Blasco Luna, quienes sostuvieron que la exfuncionaria debía comparecer personalmente ante la Comisión para responder a las acusaciones formuladas en su contra.
Por su parte, la defensa de Manzano argumentó que el proceso debía centrarse en hechos ocurridos durante el ejercicio de sus funciones y recordó que el contrato suscrito con la empresa Austral Technical Management (ATM) fue celebrado antes de que la entonces ministra asumiera el cargo.
Cruce político obligó a suspender la sesión
La jornada legislativa también estuvo marcada por un incidente entre las asambleístas Mónica Palacios, de Revolución Ciudadana, e Inés Alarcón, de Acción Democrática Nacional.
El intercambio de acusaciones y expresiones entre ambas legisladoras motivó que el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, suspendiera momentáneamente la sesión para restablecer el orden.
Minutos después, la diligencia fue reinstalada y continuó con la etapa probatoria prevista dentro del cronograma legislativo.
Interpelantes presentan informes de Contraloría
Alrededor de las 21:00, los legisladores que impulsan el juicio político comenzaron la exposición formal de las pruebas documentales y audiovisuales que, a su criterio, demostrarían el presunto incumplimiento de funciones atribuido a la exministra.
Entre los principales elementos incorporados al expediente constan:
- Un informe de la Contraloría General del Estado relacionado con el contrato suscrito entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y la empresa Austral Technical Management (ATM).
- Un informe de fiscalización de minoría que analiza el proceso de contratación ejecutado durante la emergencia energética.
Los asambleístas sostienen que Inés Manzano habría incurrido en omisiones frente a las supuestas irregularidades detectadas en los contratos destinados a fortalecer la generación eléctrica del país.
El origen del juicio político
El proceso fue promovido por los legisladores Mónica Palacios, Lenín Barreto y Blasco Luna, quienes consideran que la exministra incumplió sus obligaciones constitucionales y legales al no adoptar las acciones correspondientes frente a presuntas anomalías registradas en los procesos de contratación del sector energético.
La acusación deberá ser evaluada por la Comisión de Fiscalización antes de emitir el informe que servirá de base para la decisión del Pleno de la Asamblea Nacional.
Un proceso paralelo a la investigación penal
El juicio político avanza de manera independiente, aunque guarda estrecha relación con la investigación que desarrolla la Fiscalía General del Estado sobre el contrato celebrado entre Celec EP y Austral Technical Management.
En esa causa penal se investigan presuntos delitos de fraude al Estado y delincuencia organizada, derivados de la contratación de generadores eléctricos que, según las investigaciones fiscales, no habrían cumplido con las especificaciones técnicas previstas en el contrato.
La investigación forma parte de las acciones emprendidas para esclarecer posibles responsabilidades derivadas de la crisis energética que afectó al país.
Próximos pasos en el proceso
Concluida la fase de recepción y análisis de pruebas, la Comisión de Fiscalización deberá elaborar un informe motivado en el que recomendará al Pleno de la Asamblea Nacional si corresponde continuar o no con el juicio político.
La resolución final recaerá en el Parlamento, que deberá decidir mediante votación si existen méritos suficientes para censurar políticamente a la exministra Inés Manzano.
El desarrollo de este proceso se produce en un contexto de amplio escrutinio sobre la gestión de los contratos de generación eléctrica celebrados durante la emergencia energética, tema que continúa siendo objeto tanto de investigaciones administrativas como de procesos penales impulsados por los organismos de control y la Fiscalía General del Estado.