El alcalde de Guayaquil, dos de sus hermanos, un primo y una empresa relacionada con su madre solicitaron la revisión de las medidas cautelares impuestas dentro del caso Goleada, investigación por presunto lavado de activos que involucra a 26 personas naturales y jurídicas.
El próximo 29 de junio, a las 14:30, se desarrollará la audiencia de revisión de medidas cautelares dentro del denominado caso Goleada, proceso penal en el que la Fiscalía investiga un presunto esquema de lavado de activos relacionado con la comercialización irregular de combustibles subsidiados por el Estado.
Entre los solicitantes constan el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez; dos de sus hermanos; un primo; la empresa Inmobiliaria Fiorema S. A.; y otras personas procesadas en la causa. La diligencia será dirigida por el juez de la Unidad Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, Jairo García.
La audiencia estaba prevista inicialmente para el 19 de junio, pero fue diferida a pedido del fiscal Dennis Villavicencio debido a un cruce de diligencias procesales. La decisión generó objeciones por parte de las defensas, que señalaron que el acto judicial ya había sido postergado en ocasiones anteriores.
Investigación por presunto lavado de activos
El caso Goleada se encuentra en fase de instrucción y analiza la presunta existencia de una estructura empresarial y familiar que habría obtenido beneficios económicos derivados del uso irregular de combustibles subsidiados.
Según la hipótesis de la Fiscalía, el grupo investigado habría adquirido importantes volúmenes de diésel subsidiado destinados legalmente al abastecimiento de embarcaciones de bandera ecuatoriana. Sin embargo, dichos combustibles habrían sido comercializados hacia embarcaciones internacionales, generando utilidades que posteriormente habrían sido canalizadas mediante empresas constituidas en Panamá.
La teoría fiscal sostiene que estas operaciones habrían permitido simular obligaciones financieras, omitir ingresos reales y aparentar gastos inexistentes con la finalidad de ocultar el origen de los recursos obtenidos.
Medidas sobre bienes inmobiliarios
Dentro de las medidas cautelares vigentes figura la incautación y prohibición de enajenar determinados bienes inmuebles vinculados a los procesados.
Uno de los inmuebles afectados pertenece a Inmobiliaria Fiorema S. A., compañía cuya única accionista es Gioconda Henriques, madre del alcalde de Guayaquil. La defensa argumentó ante la judicatura que en dicho inmueble residen tres menores de edad y una persona adulta mayor con discapacidad visual certificada, situación que, a criterio de los abogados, debe ser considerada al momento de evaluar la proporcionalidad de las medidas adoptadas.
UAFE participa como acusadora particular
En una providencia emitida el 19 de junio, el juez García aceptó la participación de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) como acusadora particular dentro del proceso.
La acción de la UAFE se dirige contra Aquiles Alvarez, otras nueve personas naturales y nueve compañías procesadas, fortaleciendo la participación institucional en una investigación considerada de alta relevancia por sus posibles implicaciones económicas y financieras.
Análisis jurídico
Desde la perspectiva procesal, la audiencia del 29 de junio no definirá la responsabilidad penal de los investigados, sino exclusivamente la permanencia, modificación o levantamiento de determinadas medidas cautelares impuestas durante la investigación.
El caso se encuentra aún bajo el principio constitucional de presunción de inocencia, por lo que las hipótesis planteadas por la Fiscalía deberán ser probadas durante las distintas etapas del proceso penal.
La incorporación de la UAFE como acusadora particular representa además un elemento relevante dentro de la estrategia investigativa, ya que esta entidad tiene la facultad de aportar información técnica sobre movimientos financieros y operaciones económicas que podrían resultar determinantes para el esclarecimiento de los hechos investigados.
¿Por qué es importante este caso?
El caso Goleada ha adquirido relevancia nacional debido a que involucra al alcalde de Guayaquil y a personas de su entorno familiar y empresarial. Además, la investigación aborda presuntas irregularidades relacionadas con combustibles subsidiados, un sector sensible para las finanzas públicas ecuatorianas debido al alto costo fiscal que representan los subsidios estatales.