Las revelaciones apuntan a presuntas coordinaciones para enfrentar la fiscalización legislativa y a negociaciones directas sobre contratos de generación eléctrica durante la emergencia energética. La autenticidad de los materiales deberá ser determinada por las autoridades competentes.
Nuevas revelaciones relacionadas con el denominado caso Progen han reavivado el debate sobre la contratación de proyectos de generación eléctrica durante la crisis energética que atravesó Ecuador. Un audio y varias conversaciones atribuidas a la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, difundidos por medios de comunicación y entregados a la Fiscalía General del Estado, podrían convertirse en elementos relevantes dentro de las investigaciones que se desarrollan sobre los contratos adjudicados a las empresas Progen y Austral.
El material divulgado incluye una grabación que habría sido realizada en julio de 2025, en momentos en que se impulsaba el primer intento de juicio político relacionado con los contratos de generación emergente. En el audio, cuya autenticidad aún deberá ser verificada oficialmente, la entonces ministra explicaría supuestas estrategias para afrontar los procesos de fiscalización legislativa y limitar el impacto político de las comparecencias ante la Asamblea Nacional.
Presunta estrategia para enfrentar el control legislativo
Según el contenido difundido, la conversación habría ocurrido entre Manzano y Fabián Calero, quien entonces mantenía responsabilidades dentro de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).
En la grabación, la exfuncionaria hace referencia a conversaciones mantenidas con la asambleísta Diana Jácome, presidenta de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, respecto al tratamiento legislativo de los cuestionamientos surgidos alrededor de los contratos de emergencia suscritos durante la crisis eléctrica.
De acuerdo con el audio, se habría planteado la conveniencia de que determinadas comparecencias fueran conducidas desde una comisión legislativa distinta a aquella donde existía mayoría de legisladores de la Revolución Ciudadana, con el objetivo de controlar el alcance de las investigaciones y reducir la presión política sobre los funcionarios involucrados.
Asimismo, en la conversación se menciona la necesidad de que las respuestas ofrecidas por los comparecientes fueran breves y evitaran profundizar en aspectos sensibles relacionados con la ejecución contractual, retrasos, incumplimientos o problemas técnicos.
Estas declaraciones han generado nuevas interrogantes sobre el desarrollo de las comparecencias realizadas en 2025, especialmente porque varios de los principales funcionarios convocados no acudieron personalmente a las sesiones legislativas y delegaron la representación institucional a otros funcionarios.
Chats revelarían negociaciones sobre adendas contractuales
A las revelaciones se suman presuntos intercambios de mensajes entre Inés Manzano y John Manning, director ejecutivo de Progen, que tampoco formarían parte del expediente judicial conocido hasta el momento.
Según la investigación periodística, las conversaciones abordarían la posibilidad de suscribir una adenda contractual relacionada con el proyecto de generación eléctrica de Salitral y la incorporación de unidades generadoras que no habían sido entregadas dentro de los plazos previstos.
Los mensajes difundidos mostrarían discusiones sobre alternativas para acelerar la incorporación de equipos de generación y mecanismos para modificar aspectos contractuales, lo que podría evidenciar una participación directa de altos niveles gubernamentales en decisiones relacionadas con la ejecución de los contratos.
Especialistas consultados sobre el caso señalan que, de confirmarse la autenticidad de estas comunicaciones, podrían constituir indicios relevantes para determinar el grado de conocimiento y participación de diversas autoridades en las negociaciones realizadas durante la emergencia energética.
Fiscalía analiza nuevas evidencias
Las revelaciones surgen en momentos en que la Fiscalía continúa desarrollando investigaciones relacionadas con los contratos suscritos para enfrentar la crisis eléctrica nacional.
Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si los audios y chats difundidos serán incorporados como elementos probatorios dentro de los procesos judiciales en marcha. Sin embargo, fuentes vinculadas a la investigación han señalado que existe material adicional bajo análisis que podría aportar nuevos elementos para esclarecer las decisiones adoptadas durante la contratación de proyectos energéticos de emergencia.
El caso Progen ha adquirido especial relevancia debido a los millonarios recursos comprometidos por el Estado y a los cuestionamientos surgidos por retrasos, incumplimientos y problemas operativos en varios de los proyectos adjudicados.
Diana Jácome rechaza señalamientos
Tras la difusión del audio, la asambleísta Diana Jácome respondió públicamente a las acusaciones y negó haber cometido irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
Durante una rueda de prensa realizada en la Asamblea Nacional, la legisladora aseguró que no teme a las investigaciones y defendió la transparencia de su actuación al frente de la Comisión de Transparencia.
«Cuando uno habla con la verdad no tiene miedo a enfrentarse a nadie», manifestó la asambleísta, quien además expresó su disposición a colaborar con cualquier requerimiento de las autoridades.
Jácome también manifestó preocupación por su seguridad personal y la de su familia, señalando que responsabilizaría políticamente a determinados sectores en caso de que ocurriera algún incidente en su contra.
Juicio político continúa su trámite
La difusión de estas nuevas revelaciones coincide con el avance del proceso de juicio político impulsado contra la exministra Inés Manzano.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó la solicitud presentada por legisladores de la Revolución Ciudadana y remitió el expediente a la Comisión de Fiscalización para el análisis correspondiente.
Los interpelantes sostienen que existirían presuntas responsabilidades relacionadas con la gestión de los proyectos eléctricos de Salitral y Quevedo, contratados durante la emergencia energética declarada por el Gobierno.
En las próximas semanas, la Comisión de Fiscalización deberá revisar la documentación disponible, recibir comparecencias y determinar si existen elementos suficientes para que el proceso continúe hacia las siguientes etapas contempladas en la normativa parlamentaria.
Mientras tanto, las recientes revelaciones añaden un nuevo capítulo a uno de los casos más sensibles relacionados con la gestión de la crisis energética, cuyos efectos políticos, administrativos y judiciales continúan generando repercusiones en distintos niveles del Estado.