La investigación por presunto lavado de activos suma nuevos procesados y profundiza el cerco judicial alrededor del entorno familiar y empresarial del alcalde de Guayaquil.
El denominado caso Goleada registró un nuevo giro judicial tras una extensa audiencia de vinculación que se prolongó hasta la madrugada de este sábado, en la que un juez acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y dispuso la incorporación de cinco personas naturales y nueve personas jurídicas a la investigación por presunto lavado de activos.
La resolución judicial marca una nueva etapa dentro de uno de los procesos más relevantes que actualmente enfrenta el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien ya figura entre los procesados en esta causa relacionada con un supuesto esquema de comercialización irregular de combustibles y presunto ocultamiento de recursos de origen ilícito.
Medidas cautelares para familiares cercanos
Entre las decisiones adoptadas por el magistrado destaca la imposición de medidas cautelares contra Fiorella Icaza, esposa del alcalde porteño, quien deberá cumplir con la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas cada quince días ante la autoridad competente mientras continúan las investigaciones.
Las mismas disposiciones fueron dictadas para otra de las vinculadas al proceso, identificada como Erika V., aunque la Fiscalía había solicitado inicialmente una medida más severa de prisión preventiva.
Por su parte, Gioconda Henriques, madre de Aquiles Alvarez, también fue incorporada a la investigación y deberá cumplir presentaciones periódicas. Debido a que reside en Estados Unidos, estas comparecencias deberán realizarse ante la autoridad consular correspondiente.
La medida más drástica recayó sobre Fernando Viteri y Andrés Viteri, primos del alcalde de Guayaquil, para quienes el juez ordenó prisión preventiva al considerar la existencia de elementos suficientes para garantizar su comparecencia durante el desarrollo del proceso.
Señalamientos de la Fiscalía
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso los fundamentos que sustentan la vinculación de los nuevos investigados. En el caso de Fiorella Icaza, el organismo sostuvo que habría figurado como beneficiaria final de fondos y bienes presuntamente relacionados con la estructura investigada, debido a su participación accionaria y funciones ejecutivas dentro de varias compañías.
Respecto de Gioconda Henriques, la entidad señaló que durante la investigación se identificaron transferencias de acciones que, según la hipótesis fiscal, habrían respondido a mecanismos destinados a ocultar al verdadero beneficiario final de determinadas operaciones empresariales.
Además de las medidas personales, el Ministerio Público solicitó la suspensión temporal de actividades de las empresas involucradas en la causa, al considerar que podrían estar relacionadas con las operaciones bajo investigación.
Una investigación que cambió de rumbo
El caso Goleada se inició originalmente bajo la figura de presunta delincuencia organizada; sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones, la Fiscalía reformuló los cargos y orientó el proceso hacia el supuesto delito de lavado de activos.
La causa busca determinar la existencia de una estructura que habría utilizado empresas vinculadas al sector de combustibles para ejecutar operaciones destinadas a dar apariencia de legalidad a recursos cuya procedencia es objeto de investigación.
Con esta nueva fase, el número de procesados aumenta significativamente. Antes de la audiencia de vinculación ya existían doce personas investigadas, entre ellas Aquiles Alvarez, sus hermanos y el asambleísta Raúl Chávez.
Un proceso que gana complejidad
La incorporación de familiares directos y allegados al círculo empresarial del alcalde de Guayaquil evidencia la ampliación del alcance de las investigaciones y refleja el interés de la Fiscalía por reconstruir el flujo de recursos y la estructura societaria que estaría detrás del presunto esquema.
Mientras la instrucción fiscal continúa avanzando, las autoridades judiciales deberán evaluar los elementos de convicción presentados por las partes para determinar si existen responsabilidades penales en un caso que se ha convertido en uno de los expedientes de mayor repercusión política y judicial del país.
La evolución de este proceso será determinante para el futuro legal de los involucrados y podría tener importantes repercusiones en el ámbito político nacional, dado que entre los investigados figuran autoridades de elección popular, empresarios y representantes de varias compañías vinculadas al sector de combustibles.