Breve
La Fiscalía General del Estado solicitó sentencia condenatoria contra el expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo Bucaram y otras dos personas procesadas por presunta delincuencia organizada, dentro de una investigación relacionada con la supuesta comercialización irregular de pruebas para detectar COVID-19 e insumos médicos durante la emergencia sanitaria de 2020.
Fiscalía sostiene que existió una estructura para comercializar pruebas e insumos médicos
Durante su alegato final ante el tribunal, el Ministerio Público aseguró que los procesados habrían participado entre marzo y agosto de 2020 en una presunta estructura delictiva dedicada a obtener beneficios económicos mediante la venta irregular de aproximadamente 21.000 pruebas para diagnóstico de COVID-19, además de mascarillas, lancetas y otros insumos médicos.
La teoría fiscal expuesta durante el juicio señala que la organización habría utilizado recursos públicos y personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito para trasladar la mercadería hacia distintos puntos del país durante los meses más críticos de la pandemia.
Según la acusación, dos ciudadanos israelíes habrían coordinado parte de la logística para la movilización de las pruebas bajo custodia de agentes metropolitanos. Uno de ellos fue asesinado en 2020 dentro de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.
Testimonios y pericias fueron claves en el proceso
La Fiscalía indicó que el juicio contó con la comparecencia de alrededor de 50 personas entre peritos y testigos, quienes presentaron informes financieros, pericias técnicas y versiones relacionadas con la adquisición, almacenamiento y distribución de los insumos médicos investigados.
Dentro de las evidencias presentadas, la Fiscalía citó el testimonio anticipado del ciudadano extranjero fallecido, quien habría afirmado que Jacobo Bucaram pagó USD 321.600 en efectivo por la adquisición de la mercadería.
Además, la investigación sostiene que algunos involucrados supuestamente simulaban pertenecer al cuerpo diplomático y a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para facilitar sus desplazamientos y operaciones durante el estado de emergencia.
Las autoridades también señalaron que las pruebas e insumos eran comercializados en distintas provincias sin facturación formal ni registro tributario, presuntamente evadiendo controles estatales.
Un proceso judicial marcado por diferimientos
El juicio inició el 11 de abril del año pasado, luego de múltiples aplazamientos registrados desde 2022. Tras varias jornadas de presentación de pruebas y alegatos, se prevé que el tribunal emita su resolución en los próximos días.
En esta misma causa, dos agentes metropolitanos que se desempeñaban como escoltas de seguridad presidencial ya fueron sentenciados anteriormente, tras acogerse a procedimientos abreviados y aceptar su participación en los hechos investigados.
Extracto jurídico del caso
Desde el ámbito jurídico, la Fiscalía procesa a los implicados por el presunto delito de delincuencia organizada, figura penal contemplada en la legislación ecuatoriana para sancionar la participación coordinada de varias personas en estructuras destinadas a cometer delitos de manera planificada y permanente.
El Ministerio Público sostiene que existió una organización con funciones definidas para adquirir, movilizar y comercializar insumos médicos durante la emergencia sanitaria, utilizando presuntamente recursos públicos y mecanismos irregulares para obtener ganancias económicas.
La acusación fiscal busca demostrar no solo la existencia de la estructura, sino también el grado de participación individual de cada procesado dentro de las operaciones investigadas. En caso de una eventual sentencia condenatoria, el delito de delincuencia organizada contempla penas privativas de libertad de hasta 10 años, las cuales podrían incrementarse si el tribunal determina la existencia de agravantes vinculadas al uso indebido de bienes públicos y al contexto de emergencia nacional en el que ocurrieron los hechos.