Breve
La audiencia de formulación de cargos del denominado caso Apagón dejó al descubierto una serie de presuntas irregularidades en los contratos de emergencia suscritos durante la crisis energética de 2024 entre la estatal Celec y la empresa estadounidense Progen Industries LLC. La Fiscalía General del Estado señaló a 21 personas por el presunto delito de peculado, entre ellas exfuncionarios del sector eléctrico y representantes vinculados a la compañía extranjera. El perjuicio económico para el Estado ecuatoriano ascendería a más de USD 104 millones.
Una audiencia marcada por acusaciones de corrupción y contratos irregulares
La diligencia se desarrolló este 14 de mayo de 2026 en la Corte Nacional de Justicia, bajo la dirección del juez Marco Vinicio Rodríguez, quien rechazó varios pedidos de diferimiento planteados por las defensas de algunos procesados que alegaban falta de tiempo para revisar el expediente judicial.
La Fiscalía, representada por el fiscal general subrogante Leonardo Alarcón, expuso una extensa teoría del caso basada en presuntas irregularidades cometidas durante los procesos de contratación emergente ejecutados por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) para enfrentar los prolongados apagones registrados en el país.
Según la Fiscalia, funcionarios públicos y representantes de la empresa Progen habrían aprovechado el estado de emergencia energética para omitir controles técnicos, flexibilizar requisitos y favorecer la adjudicación de contratos millonarios destinados a la instalación de plantas de generación eléctrica en Salitral y Quevedo.
Exministro y exfuncionarios entre los procesados
Entre los 21 señalados figura el exministro de Energía, Antonio Goncalves, quien se convierte en el primer exintegrante del Gobierno de Daniel Noboa procesado por presuntos actos de corrupción relacionados con la crisis eléctrica.
También fueron vinculados exdirectivos y funcionarios de Celec y Termopichincha, así como representantes relacionados con la empresa estadounidense Progen Industries LLC.
La Fiscalía sostiene que los contratos fueron elaborados con especificaciones técnicas que favorecían directamente a la compañía extranjera, permitiendo su adjudicación pese a no cumplir plenamente con las condiciones exigidas.
Equipos obsoletos y millonarios anticipos
Durante la audiencia, Alarcón afirmó que los generadores entregados por Progen presentaban múltiples inconsistencias técnicas. Informes de la Contraloría y pericias policiales habrían detectado motores usados, repintados y con placas alteradas o ilegibles.
Además, algunos equipos correspondían a modelos fabricados entre 2009 y 2019, pese a que los contratos exigían maquinaria nueva modelo 2023 o 2024.
La Fiscalía aseguró que los generadores nunca entraron en operación y que varias unidades ni siquiera fueron entregadas en su totalidad. A esto se suman supuestos incumplimientos en obras civiles, retrasos contractuales y falta de documentación técnica.
Pese a ello, el Estado ecuatoriano habría desembolsado anticipos superiores a USD 104 millones mediante transferencias internacionales realizadas hacia cuentas vinculadas a Progen en Estados Unidos.
Amenazas, presión y fallas de control
Uno de los momentos más delicados de la audiencia ocurrió cuando el fiscal reveló amenazas presuntamente recibidas por integrantes de las comisiones técnicas que inspeccionaron los equipos en Estados Unidos.
Según la versión expuesta por Fiscalía, funcionarios ecuatorianos denunciaron intimidaciones luego de advertir inconsistencias en los motores inspeccionados en Houston y Florida. Esto habría provocado incluso que ciertos informes técnicos nunca fueran oficialmente concluidos.
El Ministerio Público también cuestionó la falta de controles institucionales y la ausencia de acciones inmediatas de supervisión pese a las alertas técnicas existentes durante la ejecución contractual.
La audiencia fue suspendida por el toque de queda
Tras varias horas de exposición de elementos de convicción, el juez suspendió la diligencia debido a las restricciones de movilidad vigentes por el toque de queda. La audiencia continuará este 15 de mayo a partir de las 08:30.
Durante la reinstalación, Fiscalía continuará presentando documentación, informes técnicos y testimonios con los que busca sustentar la formulación de cargos por presunto peculado.
Breve análisis jurídico del caso
Desde el ámbito jurídico, la investigación se centra en el presunto delito de peculado, tipificado en la legislación ecuatoriana como el uso indebido, distracción o administración irregular de recursos públicos por parte de funcionarios o personas vinculadas contractualmente con el Estado.
La Fiscalía sostiene que existió una actuación coordinada entre servidores públicos y particulares para facilitar pagos millonarios sin que se cumplieran las condiciones técnicas y legales de los contratos de emergencia energética.
En esta etapa procesal, la formulación de cargos no implica una sentencia condenatoria, sino el inicio formal de una instrucción fiscal en la que deberán recopilarse y contrastarse pruebas de cargo y descargo.
El caso Apagón podría convertirse en uno de los procesos judiciales más relevantes relacionados con la crisis energética ecuatoriana, debido al impacto económico, político e institucional que generaron los contratos suscritos durante los apagones nacionales de 2024.