Asamblea acoge observaciones del Gobierno y da paso a una normativa que fortalece el control, la seguridad jurídica y la gestión del sistema carcelario
En una decisión clave para la institucionalidad del país, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó con 85 votos la objeción parcial presentada por el presidente Daniel Noboa al proyecto de reforma del sistema penitenciario, consolidando así una normativa que incorpora ajustes técnicos y jurídicos orientados a mejorar su funcionamiento.
Con esta resolución, la Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario será remitida al Registro Oficial, paso previo a su entrada en vigencia.
Un impulso desde el Ejecutivo para modernizar el sistema
La decisión legislativa respalda las observaciones planteadas por el Ejecutivo, las cuales fueron consideradas pertinentes y fundamentadas. Lejos de modificar el espíritu de la ley, estos ajustes apuntan a reforzar su coherencia normativa, optimizar la estructura institucional y corregir vacíos que han afectado históricamente al sistema carcelario.
Durante el debate, el asambleísta Mario Zambrano destacó que el sistema penitenciario ha enfrentado desafíos estructurales como el hacinamiento, la falta de control efectivo y limitaciones legales, factores que esta reforma busca atender de manera integral.
Orden, claridad y eficiencia institucional
Uno de los principales aportes de la objeción presidencial es la delimitación precisa de competencias entre las entidades involucradas en la gestión penitenciaria. La normativa establece una clara separación entre funciones operativas y de planificación, asignando estas últimas al organismo técnico rector, lo que evita duplicidades y fortalece la gobernanza.
Asimismo, se introducen definiciones específicas para el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, dotando de mayor claridad jurídica a sus funciones y corrigiendo inconsistencias presentes en el texto original.
Seguridad jurídica y fortalecimiento del régimen disciplinario
La reforma también incorpora mejoras en el régimen disciplinario, corrigiendo aspectos relacionados con la reincidencia y la tipificación de faltas. Estos cambios permiten una aplicación más precisa de sanciones, contribuyendo a la estabilidad interna del sistema y al respeto del debido proceso.
Enfoque en derechos y condiciones especiales
En materia de derechos, la normativa amplía el alcance del recurso de impugnación de traslados, que ahora podrá ser utilizado por todas las personas privadas de libertad bajo condiciones específicas. Entre ellas se incluyen situaciones de embarazo, lactancia, enfermedades catastróficas o la necesidad de atención psiquiátrica, lo que introduce un enfoque más inclusivo y garantista.
Ajustes para personal militar en servicio pasivo
Otro de los puntos abordados es la regulación del personal militar en servicio pasivo que se incorpore al sistema penitenciario. La reforma establece parámetros que garantizan uniformidad en el tratamiento de sus pensiones, evitando desigualdades frente a otros regímenes.
Hacia la vigencia de una reforma estructural
Con la aprobación del Pleno, el proceso legislativo entra en su fase final. La publicación en el Registro Oficial permitirá la aplicación de una normativa que busca responder a los desafíos del sistema penitenciario con una visión más técnica, ordenada y eficiente.
Este avance refleja una articulación entre funciones del Estado y un impulso desde el Ejecutivo para consolidar reformas que fortalezcan la seguridad, la institucionalidad y la gestión pública en el país.