Un informe aprobado por el Pleno Legislativo advierte sobre infiltración del crimen organizado en agencias municipales de tránsito y plantea devolver competencias clave al Gobierno central.
En una decisión que marca un posible giro en el modelo de gestión del tránsito en el país, el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó un informe que recomienda reformar la ley vigente para devolver al Gobierno central la competencia del sistema de matriculación vehicular, actualmente en manos de los municipios.
El documento, respaldado por 79 votos, expone serias irregularidades detectadas en la administración descentralizada del tránsito, incluyendo la presunta infiltración de grupos de delincuencia organizada en agencias municipales. Según el informe, estas estructuras habrían aprovechado debilidades en los sistemas de control para operar de manera ilícita.
Uno de los principales sustentos del informe es un análisis de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), que identifica al menos 150 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) donde se habría hecho uso indebido del sistema de matriculación. Entre las irregularidades detectadas constan la legalización de vehículos reportados como robados en países como Colombia, Perú y Chile, así como la emisión de licencias profesionales sin el debido respaldo técnico.
El informe también alerta sobre el uso indebido de bases de datos de tránsito para identificar potenciales víctimas de delitos como extorsión y secuestro, además de la eliminación irregular de registros relacionados con rutas de transporte. Estas prácticas habrían sido facilitadas por la infiltración de estructuras delictivas en los sistemas municipales.
Otro de los hallazgos relevantes señala que centros de matriculación con capacidad operativa para procesar alrededor de 60 vehículos diarios llegaron a registrar entre 200 y 350 trámites por día, lo que evidenciaría un uso irregular de los sistemas.
Propuesta de reforma
Ante este escenario, el Legislativo recomienda impulsar una reforma a la ley que permita al Gobierno central retomar el control de la matriculación vehicular, mientras que los municipios mantendrían competencias como la revisión técnica vehicular y el control operativo en sus territorios, aunque bajo estándares y supervisión nacional más estrictos.
Asimismo, se plantea la incorporación de mecanismos excepcionales que permitan revertir competencias municipales en casos donde se identifiquen riesgos para la seguridad nacional.
Posturas divididas
La aprobación del informe no estuvo exenta de controversia. La bancada vinculada al correísmo votó en contra, argumentando que la iniciativa responde a intereses políticos y constituye un intento de debilitar la gestión municipal en el contexto de una supuesta campaña electoral anticipada.
Pese a estas objeciones, la mayoría legislativa respaldó el informe, que será remitido a distintas entidades de control, entre ellas la Contraloría General del Estado y la Fiscalía, para las acciones correspondientes.
Hasta el momento, no se ha definido qué organismo o legislador presentará formalmente el proyecto de reforma a la Ley de Tránsito, ni el plazo en que esto ocurrirá. Sin embargo, el debate ya se instala en la agenda pública como un tema clave en materia de seguridad y gobernanza del sistema de transporte en Ecuador.