La resolución judicial reafirma la suspensión de derechos políticos de Javier Pincay y establece acciones concretas para garantizar su cumplimiento, en un proceso que se desarrolla dentro del marco legal vigente.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la suspensión de los derechos políticos del alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, por un período de 24 meses, tras negar el recurso de apelación presentado por el funcionario. La decisión, emitida el 22 de abril de 2026, se enmarca en una causa relacionada con una infracción electoral grave durante la campaña seccional de 2023.
Decisión judicial y ejecución de la sentencia
El juez del TCE, Joaquín Viteri Llanga, dispuso “negar por improcedente lo solicitado” en referencia al recurso de apelación interpuesto por el alcalde, y ordenó continuar con la fase de ejecución de la sentencia.
En ese sentido, el magistrado determinó que “debe continuarse con la fase de ejecución de la sentencia dictada dentro de la presente causa, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de lo resuelto por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral en el marco de las competencias atribuidas por el juez de instancia”.
Registro y control de la sanción
Dentro de sus disposiciones, el juez ordenó oficiar al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Trabajo para que, en el plazo de dos días, informen de manera documentada sobre las acciones realizadas respecto al registro de la sanción impuesta.
Asimismo, deberán certificar y anexar la documentación correspondiente que permita verificar que la suspensión de los derechos de participación del señor Javier Humberto Pincay Salvatierra se encuentra vigente en los sistemas informáticos de ambas instituciones.
El magistrado enfatizó que la sanción se mantiene vigente, recordando que “su modificación, levantamiento o rehabilitación corresponde exclusivamente al juez ejecutor de la causa”, por lo que cualquier actuación administrativa deberá sujetarse estrictamente a lo dispuesto por el órgano jurisdiccional competente.
Actuación del alcalde en el ámbito legal
Tras la notificación del fallo, el alcalde Javier Pincay ha manifestado que su equipo jurídico continúa evaluando las acciones legales correspondientes dentro del marco normativo, en ejercicio de su derecho a la defensa y conforme a los procedimientos establecidos.
En este contexto, el proceso se mantiene en el ámbito estrictamente jurídico, mientras se determinan los alcances de la sentencia y sus efectos en la administración municipal.
Procedimiento institucional en el ámbito local
De acuerdo con la normativa vigente, el Consejo Cantonal de Portoviejo deberá proceder conforme a lo establecido por la ley para definir la continuidad administrativa del municipio.
Este organismo tiene la responsabilidad de aplicar los mecanismos legales correspondientes, garantizando el respeto al debido proceso y la estabilidad institucional en la gestión pública local.
Un proceso bajo el marco del Estado de derecho
La resolución del Tribunal Contencioso Electoral y las disposiciones emitidas por el juez Viteri Llanga reflejan el funcionamiento de los mecanismos institucionales en materia electoral, en los que el cumplimiento de las decisiones judiciales constituye un elemento esencial del Estado de derecho.
Mientras se ejecuta la sentencia, las autoridades competentes continúan actuando dentro de sus respectivas competencias, en un proceso que busca asegurar el cumplimiento de la normativa y la continuidad de la administración pública en Portoviejo.