La disposición regirá en Quito, nueve provincias y varios cantones estratégicos como parte del plan de seguridad impulsado por el Ejecutivo.
El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció este lunes 20 de abril de 2026 la implementación de un nuevo toque de queda que se aplicará en amplias zonas del país, como parte de la estrategia gubernamental para enfrentar el avance del crimen organizado.
La medida tendrá vigencia desde las 23:00 del domingo 3 de mayo hasta las 05:00 del lunes 18 de mayo, abarcando la capital Quito, así como las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.
Asimismo, la disposición se extenderá a cantones específicos considerados de alta incidencia delictiva, entre ellos La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.
Estrategia de seguridad focalizada
El anuncio se realizó a través de canales oficiales y redes sociales, donde el Ejecutivo detalló que la medida responde a la necesidad de reforzar el control territorial en zonas identificadas como críticas en materia de seguridad.
El Gobierno sostiene que el toque de queda busca limitar la movilidad nocturna para reducir la capacidad operativa de organizaciones criminales, afectando no solo sus actividades ilícitas, sino también sus mecanismos de financiamiento.
Continuidad de medidas excepcionales
Esta decisión se enmarca en una política de seguridad que el Ejecutivo ha venido aplicando en los últimos meses. En marzo pasado, ya se había implementado una restricción similar en provincias como Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro y Los Ríos, durante un periodo de 15 días.
Según las autoridades, aquella intervención permitió debilitar estructuras delictivas y mejorar los niveles de control en sectores estratégicos, lo que motivó la ampliación de la medida a nuevas jurisdicciones.
Impacto y vigilancia
El nuevo toque de queda coincidirá con el periodo posterior al feriado por el Día del Trabajador, considerado un momento clave para reforzar la seguridad ante posibles incrementos de actividad delictiva.
Las fuerzas del orden, en coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, estarán a cargo de garantizar el cumplimiento de la disposición, así como de ejecutar operativos de control en las zonas afectadas.
Un enfoque estratégico frente al crimen
Con esta medida, el Gobierno reafirma su postura de mantener una política firme frente al crimen organizado, priorizando la seguridad ciudadana mediante acciones excepcionales y focalizadas.
El Ejecutivo ha señalado que continuará evaluando la efectividad de estas disposiciones y no descarta adoptar nuevas medidas en función de la evolución de la situación en el país, en un contexto donde la seguridad se mantiene como uno de los principales desafíos nacionales.