La decisión, que depende de un decreto presidencial, abre la posibilidad de reformar el sistema de designación de autoridades y plantea el debate sobre su posible unificación con las elecciones seccionales para optimizar recursos y tiempos.
Ecuador avanza hacia un nuevo proceso democrático tras el dictamen favorable de la Corte Constitucional del Ecuador, que dio luz verde a la convocatoria de un referéndum sobre cambios sustanciales en el sistema de designación de autoridades públicas.
La iniciativa plantea que los ciudadanos decidan si están de acuerdo con eliminar la facultad que actualmente posee el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para designar autoridades, trasladando esta responsabilidad a la Asamblea Nacional del Ecuador. El nuevo mecanismo se basaría en procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, la meritocracia y el escrutinio transparente.
Sin embargo, la ejecución del referéndum depende ahora de un decreto del presidente Daniel Noboa, requisito indispensable para que el Consejo Nacional Electoral del Ecuador pueda convocar oficialmente a las urnas.
¿Coincidirá con las elecciones seccionales?
La Constitución establece que, una vez emitido el decreto, el CNE tiene un plazo de 15 días para convocar al referéndum, el cual debe realizarse en un máximo de 60 días posteriores. En total, el proceso no debería exceder los 75 días.
Bajo estos tiempos, el calendario no coincidiría con las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre. No obstante, existe una alternativa: si el Ejecutivo retrasa la firma del decreto hasta mediados de septiembre, el referéndum podría alinearse con esa jornada electoral.
Otra vía es que el CNE solicite a la Corte Constitucional una modulación de los plazos para unificar ambos procesos. Este mecanismo ya ha sido utilizado en ocasiones anteriores, como en 2023 y 2025, cuando consultas populares y referéndums fueron integrados a elecciones regulares con el aval de la instancia superior en materia constitucional.
Impacto económico y logístico
Unificar el referéndum con las elecciones seccionales permitiría optimizar recursos y evitar un gasto adicional significativo. Según estimaciones oficiales, el único costo extra sería la impresión de papeletas y actas específicas para la consulta, mientras que el resto del proceso se cubriría dentro del presupuesto ya asignado de 102 millones de dólares.
La decisión final marcará no solo el calendario electoral, sino también el rumbo institucional del país, al plantear una reforma profunda en los mecanismos de designación de autoridades públicas en Ecuador.